Recientes estudios realizados por Importantes Cadenas Investigativas
han revelado de forma contundente la
falta de libertad a nivel de prensa y comunicativo a la hora de expresar
diferentes contenidos informativos de todo tipo y de entretenimiento en nuestro
País. Esta Problemática viene desarrollándose con el letargo de los años y poco
a poco se ha ido agudizando la crisis de tal forma que ya está en su clímax de
máxima incertidumbre y pesar dentro de la Sociedad Venezolana e Internacional.
El problema
se ha agudizado de tal forma que Las organizaciones de derechos humanos
solicitaron a la CIDH exhortar al
Estado Venezolano a garantizar las medidas necesarias para el ejercicio pleno
de la libertad de expresión, sin que la emisión de opiniones comporte
ningún tipo de riesgo, amenazas ni presiones contra los periodistas, los medios
de comunicación y los ciudadanos en general. Solicitaron a los representantes
del Estado cesar con la campaña y las acciones de criminalización y de censura
que limitan las libertades informativas en el país, de acuerdo a las
disposiciones de la Constitución Nacional y los estándares internacionales de
protección de la libertad de expresión.
La pregunta obligada que debe hacerse
cada Venezolano libre es si de verdad viven en un estado de información libre,
¿existe acaso un verdadero derecho a expresar lo que pensamos? Muchos expertos
afirman que Venezuela vive una etapa de represión Mediática donde se ha
censurado de manera total a los medios de comunicación que hacen vida en
nuestra Nación.
Vale la pena llamar a la reflexión para encontrar el origen y las causas
de esta problemática tan delicada que afecta a todos los habitantes de este
país; A un que no exista ningún elemento de mordaza física las leyes aprobadas
por la Asamblea Nacional tienden a reprimir la manera de pensar y de expresarse
del Venezolano y los medios de comunicación que hacen vida en el país.
¿Sera este el Fin de la Era
comunicacional?, ¿Tendremos acaso, mas Censura y represión en un Futuro? Solo
cada venezolano tiene la respuesta a estas interrogantes que se desarrollaran
en el siguiente trabajo de investigación.
Hablar
de censura comunicacional es hacer referencia obligada a la crítica, el juicio,
el examen, las corrección, la reprobación y la desaprobación durante los
anuncios, los avisos, la participación, la manifestación y las notificaciones
de todos los medios de difusión a nivel
mundial que nosotros como seres expresivos usamos para interactuar, educarnos,
informarnos y entretenernos.
Desde
el año de 1952 con la figura de Renny Otolina la televisión ha vivido procesos
de transformación que poco a poco al llegar a nuestra era podemos considerar de
manera beneficiosa pero sometida a lineamientos
en pro de los intereses del
Estado Venezolano.
La
radio y la prensa escrita no escapan de
esta realidad que actualmente vive el venezolano; la censura en los medios de comunicación es vista con ojos positivos por parte de
sectores de la población, mientras que
otra parte lo ve como un abuso de poder y una manera de reprimir la voz del
pueblo dándole la denominación del mordaza comunicacional. Actualmente nuestro país aparece en el puesto
117 respecto a la libertad de presa, descendiendo 3 peldaños según estudio
realizado por la “Organización Reporteros Sin Fronteras” quienes son una organización no gubernamental
internacional de origen francés cuyo objetivo, según declara en su
presentación, es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los
periodistas perseguidos por su actividad profesional. Fue fundada por su actual
secretario general, Robert Menard, y tiene su
sede permanente en París. El nombre
se inspira en el de otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras (Médecins Sans Frontières).
En el año 2005, Reporteros Sin Fronteras recibió el Premio Sájarov a la
libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo, compartido con el movimiento Damas de Blanco y el abogado nigeriano Hauwa Ibrahim.
RSF es
miembro de la organización Intercambio Internacional por la Libertad de
Expresión (IFEX), una red
mundial que agrupa a asociaciones en defensa de la libertad de expresión. RSF
afirma inspirarse en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
declara que todo individuo "tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión" y a "no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras". En Europa este derecho está recogido en la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada
en 1950. Actualmente el índice compara 167 países; para los demás no se tiene
información completa o suficientemente fiable.
Mientras
en Nuestro país se instalaba la comisión nacional de telecomunicaciones, que inicialmente
fue creada mediante el Decreto Nº 1.826 del 5 de septiembre
de 1991
(Gaceta Oficial Nº 34.801 de fecha 18 de septiembre del mismo año);
atribuyéndosele el carácter de servicio autónomo sin personalidad jurídica, y
la jerarquía de una Dirección General del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.
Es
relevante mencionar que CONATEL inició en 1999
un proceso de fortalecimiento institucional orientado a asegurar una mayor
eficiencia y capacidad técnica. En tal sentido, se han introducido cambios en
su estructura organizacional, sus recursos humanos y su infraestructura
técnica. Tal esfuerzo, aunado a las nuevas políticas implementadas por el
Ejecutivo Nacional y los postulados de la nueva Ley de Telecomunicaciones ha
cambiado la concepción del organismo regulador de las telecomunicaciones en
Venezuela.
Aunque
las telecomunicaciones en Venezuela
se presentan como una actividad económica libre para las personas, la
Constitución y la Leyes establecen el marco regulatorio necesario para asegurar
el interés del Estado en su prestación. Así, el Estado ejerce los poderes de
regulación, supervisión y control sobre la actividad pero no se reserva la
prestación de los servicios de telecomunicaciones, alentando, por el contrario,
la participación de los particulares en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones e interviniendo cuando se hace necesario para asegurar el
acceso universal a la información.
Muchos
son los servicios de telecomunicaciones inalámbricas que actualmente operan en
todo el mundo, tal es el caso de la telefonía celular, la televisión, la radio,
las comunicaciones por satélite y/o por sistemas de radio, entre otros. Todos
estos servicios utilizan el espectro radioeléctrico y cada uno de ellos opera
en bandas de frecuencias distintas y definidas previamente para cada servicio.
El
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, actuando a través de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), gestiona, administra y controla el
espectro radioeléctrico, entonces cualquier empresa que desee utilizar el
espectro debe canalizar su solicitud a través de CONATEL, el cual a través de
sus sistemas de registros asignan las frecuencias en las distintas áreas.
La
finalidad de la gestión del espectro es la de identificar aquellas
transmisiones que no se ajustan a los requisitos de operación, bien sea por
falta de autorización o por algún defecto técnico de la transmisión. De este
modo, una de las funciones básicas de CONATEL es el monitoreo del espectro
radioeléctrico, el cual se ejecuta a través del sistema SICOTER (Sistema de
Comprobación Técnica del Espectro Radioeléctrico).
El
Centro Nacional de Control (CNC), ubicado en Caracas, actúa como el núcleo del
sistema, albergando la Base de Datos del Sistema de Gestión del Espectro;
generará tareas operativas, dirigirá y controlará las actividades operacionales
de las estaciones, recibirá y consolidará los datos resultantes de éstas
operaciones. El CNC se dividirá en tres unidades: Unidad de Control y
Administración, Unidad de Planificación y Desarrollo y Unidad de comprobación
Técnica y Radio localización.
En
el año 2004 fue establecida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) la ley de responsabilidad en Radio y Televisión (LEY RESORTE) en el
marco de la denominada Revolución Bolivariana estimulando un amplio debate en
Venezuela acerca de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Esta ley
aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela promulgada
y sancionada el 9 de diciembre de 2004 y en plena
vigencia desde el 8 de marzo de 2005
(posteriormente reformada en diciembre de 2010), cuyo objeto es el de establecer
la responsabilidad social de los prestadores de los servicios
de radio y televisión, sus
relacionados, los productores nacionales independientes y los usuarios en el
proceso de difusión y recepción de mensajes, fomentando el equilibrio
democrático entre sus deberes, derechos e intereses, a los
fines de procurar la justicia social y de
contribuir a la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la educación, la cultura, la salud pública, y el desarrollo social y económico de la Nación, de conformidad con
las normas y
principios constitucionales, de la legislación para la protección integral de
los niños, niñas y adolescentes, la
educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones.
Esta ley se
aplica a todo texto, imagen o sonido cuya difusión y recepción tengan lugar
dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y sea
realizada a través de:
- Servicios de radio: radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM); radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM); radiodifusión sonora por onda corta; radiodifusión sonora comunitaria de servicio público, sin fines de lucro; y servicios de producción nacional audio, difundidos a través de un servicio de difusión por suscripción.
- Servicios de televisión: televisión UHF; televisión VHF; televisión comunitaria de servicio público, sin fines de lucro; y servicios de producción nacional audiovisual, difundidos a través de un servicio de difusión por suscripción.
- Servicios de difusión por suscripción.
- Medios electrónicos.
- Se trate de programas en vivo y directo, culturales y educativos; informativos; de opinión; recreativos o deportivos; y mixtos que estén en idiomas extranjeros y se utilice la traducción simultánea oral al castellano.
- Cuando se trate de obras musicales.
- Cuando se trate de términos de uso universal que no admitan traducción por su carácter técnico, científico, artístico, entre otros.
- Cuando se mencionen marcas comerciales.
- En cualquier otro caso autorizado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con la ley.
Además los
mensajes que sean difundidos a través de los servicios de televisión, deberán
presentar subtítulos, traducción a la lengua de seña venezolana u otras medidas
necesarias que garanticen la integración de personas con discapacidad auditiva,
haciendo especial énfasis en los programas culturales y educativos e informativos.
Los
prestadores de servicios de radio deben identificarse durante toda su
programación, anunciando la frecuencia y el nombre comercial de la estación,
por lo menos cada treinta minutos. Los prestadores de servicios de televisión
colocarán el logotipo que los identifica en un borde de la pantalla, debiendo
mantenerse durante la totalidad del tiempo de difusión de los programas y las
promociones.
Los
programas, publicidad, propaganda y promociones, conservarán, en todo momento,
el mismo nivel de intensidad de audio, establecido por las normas que al efecto
dicte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Los prestadores de servicios de radio y
televisión deberán transmitir el Himno Nacional "Gloria al Bravo Pueblo", al iniciar y finalizar su
transmisión, en caso de transmitir las 24 horas, el Himno Nacional deberá sonar
a las 6am y 12am. Los días de fechas patrias, deberá sonar adicionalmente a las
12pm. Siempre se debe señalar los autores de su letra y música.
Al inicio de
cada programa o infocomercial, los prestadores de servicios de radio y
televisión deberán anunciar el nombre, el tipo de programa, las advertencias
sobre la presencia de elementos clasificados, y si se trata de producción
nacional o de producción nacional independiente.
En la ley se
definen los siguientes programas:
- Programa cultural y educativo: aquél dirigido a la formación integral de los usuarios y usuarias en los más altos valores del humanismo, la diversidad cultural, así como en los principios de la participación protagónica del ciudadano en la sociedad y el Estado.
- Programa informativo: cuando se difunde información sobre personas o acontecimientos locales, nacionales e internacionales de manera imparcial, veraz y oportuna.
- Programa de opinión: dirigido a dar a conocer pensamientos, ideas, opiniones, criterios o juicios de valor sobre personas, instituciones públicas o privadas, temas o acontecimientos locales, nacionales e internacionales.
- Programa recreativo o deportivo: dirigido a la recreación, entretenimiento y el esparcimiento de los usuarios y usuarias, y no clasifique como programa de tipo cultural y educativo, informativo o de opinión.
- Programa mixto: el que combine cualquiera de los tipos de programas anteriormente enumerados.
Son
elementos de lenguaje:
- Tipo "A" Textos, imágenes o sonidos de uso común, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables, y que no clasifiquen en los tipos “B” y “C”.
- Tipo “B” Textos, imágenes o sonidos que, en su uso común, tengan un carácter soez.
- Tipo “C” Textos, imágenes o sonidos que, en su uso común, tengan carácter obsceno, que constituyan imprecaciones, que describan, representen o aludan, sin finalidad educativa explícita, a órganos o prácticas sexuales o a manifestaciones escatológicas.
Son elementos
de salud:
- Tipo “A” Textos, imágenes o sonidos utilizados para la divulgación de información, opinión o conocimientos sobre la prevención, tratamiento o erradicación del consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, así como de la práctica compulsiva de juegos de envite y azar y de otras conductas adictivas que puedan ser presenciados por niños, niñas y adolescente sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables.
- Tipo “B” Textos, imágenes o sonidos utilizados para la divulgación de información, opinión o conocimientos sobre la prevención, tratamiento o erradicación del consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, así como de la práctica compulsiva de juegos de envite y azar y de otras conductas adictivas, que de ser presenciados por niños, niñas y adolescentes requieran la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables.
- Tipo “C” Textos, imágenes o sonidos en los programas y promociones que se refieran directa o indirectamente: al consumo moderado de alcohol o tabaco, sin que se expresen explícitamente sus efectos nocivos o tengan como finalidad erradicar las conductas adictivas que producen; al consumo excesivo de bebidas alcohólicas o de tabaco, en los cuales se expresan explícitamente sus efectos nocivos; a la práctica compulsiva a los juegos de envite y azar, en los cuales se expresan explícitamente sus efectos nocivos; o, al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en los cuales se expresa explícitamente sus efectos nocivos.
- Tipo “D”. Textos, imágenes o sonidos en los programas y promociones que directa o indirectamente se refieran al consumo excesivo de bebidas alcohólicas o tabaco, en los cuales no se exprese explícitamente sus efectos nocivos para la salud; se refieran a la práctica compulsiva de juegos de envite y azar, en los cuales no se exprese explícitamente sus efectos nocivos para la salud; asocien el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco con ventajas en la posición económica, en la condición social o en el ejercicio de la sexualidad; asocien la práctica compulsiva de juegos de envite y azar, con ventajas en la posición económica, en la condición social o en el ejercicio de la sexualidad; asocien el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco con una mejora en el rendimiento físico o psicológico; presenten en forma negativa la sobriedad o la abstinencia de bebidas alcohólicas y tabaco; se refieran al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en las cuales no se expresen explícitamente sus efectos nocivos para la salud; asocie el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con ventajas en la posición económica, en la condición social o en el ejercicio de la sexualidad; asocien el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con una mejora en el rendimiento físico o psicológico; o presenten en forma negativa la abstinencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Son
elementos de sexo:
- Tipo “A” Textos, imágenes o sonidos utilizados para la difusión de información, opinión y conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, maternidad, paternidad, promoción de la lactancia materna y de expresiones artísticas con fines educativos, que pueden ser recibidos por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables.
- Tipo “B” Textos, imágenes o sonidos utilizados para la difusión de información, opinión y conocimientos sobre sexualidad y reproducción humana y de expresiones artísticas con fines educativos, que de ser recibidas por niños, niñas y adolescentes, requieran la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables.
- Tipo “C” Textos, imágenes o sonidos sexuales implícitos sin finalidad educativa; o manifestaciones o aproximaciones de carácter erótico que no incluyan actos o prácticas sexuales explícitas.
- Tipo “D” Textos, imágenes o sonidos, sobre desnudez sin finalidad educativa, en las cuales no se aludan o muestren los órganos genitales; actos o prácticas sexuales dramatizados, en los cuales no se muestren los órganos genitales; mensajes sexuales explícitos; o dramatización de actos o conductas sexuales que constituyan hechos punibles, de conformidad con la Ley.
- Tipo “E” Textos, imágenes o sonidos sobre actos o prácticas sexuales reales; desnudez sin finalidad educativa en las cuales se muestren los órganos genitales; actos o prácticas sexuales dramatizados en los cuales se aludan o muestren los órganos genitales; actos o prácticas sexuales reales o dramatizados en los cuales se amenace o viole el derecho a la vida, la salud y la integridad personal o se menoscabe la dignidad humana; o actos o conductas sexuales reales que constituyan hechos punibles de conformidad con la Ley.
Son
elementos de violencia:
- Tipo “A” Textos, imágenes o sonidos utilizados para la prevención o erradicación de la violencia, que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables, siempre que no se presente el hecho violento o sus consecuencias en forma detallada o explícita.
- Tipo “B” Textos, imágenes o sonidos que presenten violencia dramatizada o sus consecuencias de forma no explícita.
- Tipo “C” Textos, imágenes o descripciones gráficas utilizadas para la prevención o erradicación de la violencia, que de ser recibidas por niños, niñas o adolescentes, requieren la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables, siempre que no presenten imágenes o descripciones gráficas detalladas o explícitas del hecho violento o sus consecuencias.
- Tipo “D” Textos, imágenes o descripciones gráficas que presenten violencia real o sus consecuencias, de forma no explícita; o violencia dramatizada o sus consecuencias de forma explícita y no detallada.
- Tipo “E” Textos, imágenes o descripciones gráficas que presenten violencia real o dramatizada, o sus consecuencias de forma explícita y detallada; violencia física, psicológica o verbal entre las personas que integran una familia contra niños, niñas y adolescentes o contra la mujer; violencia sexual, la violencia como tema central o un recurso de impacto reiterado; o que presenten, promuevan, hagan apología o inciten al suicidio o a lesionar su propia integridad personal o salud personal.
Según la
ley, se diferencian tres bloques horarios:
- TU: Todo Usuario - es aquél durante el cual sólo se podrá difundir mensajes que puedan ser recibidos por todos los usuarios y usuarias, incluidos niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. (7AM a 7PM)
- SU: Supervisado - es aquél durante el cual se podrá difundir mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieran de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. (7PM a 11PM) (5AM a 7AM)
- A: Adulto - es aquél durante el cual se podrá difundir mensajes que están dirigidos exclusivamente para personas adultas, mayores de dieciocho años de edad, los cuales no deberían ser recibidos por niños, niñas y adolescentes. (11PM a 5AM)
Dependiendo del horario, se
restringen los elementos que pueden ser transmitidos:
- En el horario Todo Usuario, solo se pueden transmitir elementos de lenguaje, salud y sexo tipo "A" y violencia tipo "A y B".
- En el horario Supervisado está permitida la transmisión de elementos de lenguaje tipo "A y B", salud y sexual "A, B y C" y violencia tipo "A, B, C y D".
- En horario Adulto, sólo hay límite de transmisión con los elementos sexuales, está permitida la transmisión de elementos de lenguaje tipo "A, B y C", salud y sexual tipo "A, B, C y D" y violencia tipo "A, B, C, D, y E".
En ningún
horario está permitida la difusión de elementos sexuales tipo "E".
El Estado
podrá difundir sus mensajes a través de los servicios de radio y televisión. A
tales fines, podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la
transmisión gratuita de:
- Los mensajes previstos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La orden de transmisión gratuita y obligatoria de mensajes o alocuciones oficiales podrá ser notificada válidamente, entre otras formas, mediante la sola difusión del mensaje o alocución a través de los servicios de radio o televisión administrados por el Ejecutivo Nacional.
- Mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público, los cuales no excederán, en su totalidad, de setenta minutos semanales, ni de quince minutos diarios. A los fines de garantizar el acceso a los servicios de radio y televisión, el órgano rector del Ejecutivo Nacional, con competencia en comunicación e información, cederá a los usuarios y usuarias diez minutos semanales de estos espacios, de conformidad con la ley.
En los
servicios de radio y televisión, el tiempo total para las difusiones de
publicidad y propaganda, incluidas aquéllas difundidas en vivo, no podrá exceder
de quince minutos por cada sesenta minutos de difusión. Este tiempo podrá
dividirse hasta un máximo de cinco fracciones, salvo cuando se adopte el patrón
de interrupciones del servicio de radio o televisión de origen, en las
retransmisiones en vivo y directo de programas extranjeros o cuando se trate de
interrupciones de eventos deportivos o espectáculos de estructura similar que
por su naturaleza y duración reglamentaria requieran un patrón de interrupción
distinto. La publicidad por inserción sólo podrá realizarse durante la difusión
en vivo y directo de programas recreativos sobre eventos deportivos o
espectáculos, siempre que no perturbe la visión de los mismos y no ocupe más de
una sexta parte de la pantalla.
Cuando se
trate de interrupciones de programas recreativos sobre eventos deportivos o
espectáculos que, por su naturaleza y duración reglamentaria, requieran un
patrón de interrupción distinto, el tiempo total de publicidad por inserción no
podrá exceder de quince minutos por cada sesenta minutos de difusión.
En ningún
caso, el tiempo total de las interrupciones, incluyendo las promociones, podrá
excederse de diecisiete minutos. El tiempo total para la difusión de
infocomerciales no deberá exceder del diez por ciento del total de la programación
diaria, y no deberá ser interrumpida para difundir otra publicidad.
Se entenderá
por producción audiovisual o sonora nacional, los programas, la publicidad o la
propaganda, difundidos por prestadores de servicios de radio y televisión, en
cuya creación, dirección, producción y postproducción se pueda evidenciar la
presencia de los elementos que se citan a continuación:
- Capital venezolano.
- Locaciones venezolanas.
- Guiones venezolanos.
- Autores o autoras venezolanas.
- Directores o directoras venezolanos.
- Personal artístico venezolano.
- Personal técnico venezolano.
- Valores de la cultura venezolana.
La
producción audiovisual o sonora nacional se entenderá como independiente,
cuando sea realizada por productores nacionales independientes inscritos en el registro
que llevará el órgano rector en materia de comunicación e información del
Ejecutivo Nacional.
Los
prestadores de servicios de radio y televisión deberán difundir, durante el
horario todo usuario, un mínimo de tres horas diarias de programas culturales y
educativos, informativos o de opinión y recreativos dirigidos especialmente a
niños, niñas y adolescentes, presentados acordes con su desarrollo integral,
con enfoque pedagógico y de la más alta calidad. En la difusión de estos
programas se deberá privilegiar la incorporación de adolescentes como personal
artístico o en su creación o producción.
Los
prestadores de servicios de radio y televisión deberán difundir diariamente,
durante el horario todo usuario, un mínimo de siete horas de programas de producción
nacional, de las cuales un mínimo de cuatro horas será de producción nacional
independiente. Igualmente, deberán difundir diariamente, durante el horario
supervisado, un mínimo de tres horas de programas de producción nacional, de
los cuales un mínimo de una hora y media será de producción nacional
independiente. Quedan exceptuados de la obligación establecida en el presente
párrafo los prestadores de servicios de radiodifusión sonora y televisión
comunitaria de servicio público, sin fines de lucro.
No se
considerarán para el cálculo de las horas exigidas de programas de producción
nacional y producción nacional independiente, aquéllos que sean difundidos con
posterioridad a los dos años siguientes del primer día de su primera difusión.
En ningún
caso, un mismo productor nacional independiente podrá ocupar más de veinte por
ciento del período de difusión semanal que corresponda a la producción nacional
independiente de un mismo prestador de servicios de radio o televisión.
El ciento
por ciento de la propaganda difundida por los prestadores de servicios de radio
o televisión, deberá ser de producción nacional, salvo las obligaciones
derivadas de tratados internacionales suscritos y ratificados por la República
Bolivariana de Venezuela. Los prestadores de servicios de radio y televisión
deberán difundir al menos un ochenta y cinco por ciento de publicidad de
producción nacional.
Durante los
horarios todo usuario y supervisado, los servicios de radio o televisión que
difundan obras musicales, deberán destinar a la difusión de obras musicales
venezolanas, al menos un cincuenta por ciento de su programación musical
diaria. Al menos un cincuenta por
ciento, de la difusión de obras musicales venezolanas, se destinará a la
difusión de obras musicales de tradición venezolana. Al difundir las obras musicales venezolanas
se deberán identificar sus autores, autoras, intérpretes y género musical al
cual pertenecen.
Durante los
horarios todo usuario y supervisado, los servicios de radio o televisión que
difundan obras musicales extranjeras, deberán destinar al menos un diez por
ciento de su programación musical diaria, a la difusión de obras musicales de
autores, autoras, compositores, compositoras o intérpretes de Latinoamérica y
del Caribe.
En los
servicios de radio o televisión, durante los programas informativos o de
opinión, se identificará con una señal visual o sonora, según el caso, la fecha
y hora original de grabación, cuando se trate de registros audiovisuales o
sonoros, que no sean difundidos en vivo y directo. Si se desconoce dicha fecha
y hora, se deberá indicar que se trata de un material de archivo.
En los
servicios de radio o televisión, durante la publicidad o propaganda en la cual
se utilicen los mismos escenarios, ambientación o elementos propios de un
programa, se insertará durante la totalidad del tiempo de su difusión, la
palabra publicidad o propaganda, según sea el caso, en forma legible en un
ángulo de la pantalla que no interfiera con la identificación de los
prestadores de los servicios de televisión, o en el caso de los servicios de
radio, anunciando al inicio de la publicidad o propaganda, la palabra
publicidad o propaganda, según sea el caso, en forma inteligible.
Esta
ley incluye otros artículos que han sido objeto de una aguda controversia
política; la oposición venezolana afirma que el gobierno está tratando de
ampliar su rol respecto del control de las transmisiones a través de la ley y
lo acusa de estas restringiendo la libertad de expresión por debajo de los
estándares internacionales tolerados, generando efectos negativos. El malestar de la prensa en general se ve
reflejado en los medios que han llegado inclusive hasta la autocensura.
De
acuerdo a la ley resorte, las estaciones de radio y televisión podrán ser
penalizadas por mostrar noticias de conflictos internos antes de las 20:00
horas, haciendo necesario para este fin presentar una versión Saneada de las
noticias durante el día; quedando en entre dicho los artículos 115, 121 y 151
de esta ley por ser de carácter censurado a nivel de política con respecto a la
libertad de expresión.
El
auge de la radiodifusión después de la muerte de Juan Vicente Gómez y durante
los gobiernos de Eliazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, dio pie para
que se produjera una legislación sobre
el uso de los medios radios eléctricos.
Es así como aparecen la ley nacional del 12 de julio de 1940 la cual
denegó la ley anterior del 27 de julio de 1936 y el reglamento de radio, comunicación promulgad el 7 de febrero de 1941.
Con estos instrumentos legales el estado regia la comunicación radio
eléctrica, con un sentido más moderno de
equidad y justicia.
Hacia
el año de 1920 cuando el régimen se convierte en democrático, se garantiza la
libertad de expresión y posteriormente se restringe cuando llega al poder el
régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez y la Junta Militar de Gobierno; se
deja a un lado por completo el camino andado y se inclina la balanza a favor de
la censura, comunicación y la mordaza a la libre prensa. Cuando la prensa llego
a la nación se encontraba en el poder Juan Vicente Gómez él le dio el impulso que todo país en aras
del desarrollo necesitaba de momento y de firma trascendental. Era libre la prensa y para todo público,
trasmitida abiertamente desde nuevo circo con parlantes por las plazas de
aquella caraca colonial, transmitían contenido fresco, noticias actuales de la
época y qué decir de la programación musical con lo mejor de la música de
antaño.
Se
sentía la libertad de prensa, la comunicación era efectiva pero como todo
proyecto ensayista cayó en el gris letargo de la decadencia, los jóvenes
querían más espacios, anhelaban una tribuna abierta y el gobierno no estaba
dispuesto a ceder concesiones con ellos y dio por culminado lo que de momento
era la sensación en Venezuela, “AYRE”
salió del espacio y las puertas de la censura sellaban un curso en el país.
A
la muerte de Gómez (diciembre 1935) se encargó de la presidencia el general
Eleazar López Contreras, cuya gestión se caracterizó por la decidida intención
de despojar a Venezuela del ruralismo en el que todavía estaba envuelta, aunque
historiadores como Pino Iturrieta han llamado a esta etapa de López Contreras
«el gomecismo sin Gómez». A pesar de ello, se empieza a cultivar un terreno
propicio para el surgimiento de «otras voces» en el ámbito del periodismo. El
pueblo, ansioso de libertad y garantías, harto del sometimiento que había
sufrido por tantos años, se lanza sobre las oficinas de aquellos periódicos
laudatorios del recién finalizado régimen, destruyendo totalmente los talleres
de El Nuevo Diario; El Universal, por su parte, sobrevivió gracias al gesto de
su director, Pedro Sotillo, quien arrojó desde el balcón de las oficinas del
periódico un busto del mandatario fallecido, logrando así calmar a la multitud,
y Leoncio Martínez logra salvar La Esfera, conteniendo y arengando a las masas.
La primera de las libertades restituidas fue la de prensa y a partir de ese
momento, surgieron toda clase de periódicos, revistas, folletos, hojas
volantes.
Casi
inmediatamente nació en Caracas el diario Ahora (1936-1945), fundado por Juan
de Guruceaga, que tuvo por directores, a Carlos Eduardo Frías, Nelson Himiob,
Luis Álvarez Marcano y Luis Barrios Cruz. En ese diario colaboró asiduamente
desde la clandestinidad Rómulo Betancourt. El mismo año de 1936 nació Crítica,
uno de los primeros diarios en lanzar reporteros a la calle e iniciar el
periodismo informativo, el cual se mantuvo hasta 1945. Cabe mencionar también,
durante ese período, la existencia del diario clandestino El Martillo, vocero
del Partido Comunista (1938-1941). En ese mismo año de 1938 nace la revista Sic
que en un principio fue el órgano del Seminario Diocesano, y que a partir de
1967 pasa a ser el vocero del pensamiento político y social, dentro del ámbito
de la llamada «teología de la liberación», del Centro Gumilla. Isaías Medina
Angarita, sucesor de López Contreras, hizo un gobierno respetuoso de las
libertades públicas y del derecho de opinión.
Los
partidos desplegaron su influjo sobre las masas y volvió a aparecer la prensa
de opinión. Surgen en Caracas nuevos periódicos, como Últimas Noticias (1941)
con su función de tabloide popular; El Tiempo (1941-1945); el semanario
satírico El Morrocoy Azul (1941-1958) y El Nacional (1943) que habría de
convertirse en un diario de amplia circulación en toda Venezuela, portavoz no
sólo del acontecer noticioso, sino también en el orden cultural, de destacados
escritores del país y del continente. En esta época los partidos políticos
tuvieron sus propios voceros periodísticos. Acción Democrática contó con Acción
Democrática (1942-1944) y El País (1944-1948); el Partido Comunista se expresó
a través de Aquí Está (1942-1946), dirigido por Ernesto Silva Tellería. También
hizo oposición el diario Rojo y Negro (1943-1944), dirigido por Luis Barrios
Cruz.
El
gobierno de Medina Angarita fue derrocado por un golpe militar en alianza con
el partido Acción Democrática y después de convocar a elecciones, resultó
electo presidente de la República Rómulo Gallegos, cuyo mandato duró unos
escasos 9 meses. Para este período el partido social-cristiano COPEI tenía ya 2
órganos de expresión: Copei (1946-1948), dirigido por Luis Herrera Campins, y
El Gráfico (1947-1951), dirigido por Miguel Ángel Landáez. Dentro de toda esa
efervescencia política de querer fijar opinión pública en torno a unas ideas
unos, y otros a otras de signo político contrario y en donde se demuestra, una
vez más, que nuestro periodismo se ligaba a la historia del país como dijo
Arturo Uslar Pietri: “En el caso de Venezuela la prensa y la política, que es
tanto como decir la prensa y la historia, han estado indisolublemente unidos”.
La
historia de Venezuela, no sólo se escribió sino que, en gran parte, se ha hecho
en los periódicos. Será en ese ambiente donde aparezca en el país una prensa
escrita en otra lengua; como el actual The Daily Journal (24 de octubre de
1945), que primero se llamó The Caracas Journal. Dos años después nos topamos
con Il Corriero di Caracas en idioma italiano y en 1950 La Voce d'Italia. En
noviembre de 1948, otro golpe de cuartel derrocó al gobierno de Rómulo
Gallegos. Formaban la nueva Junta Militar los tenientes coroneles Carlos
Delgado Chalbaud, que la presidía; Luis Felipe Llovera Páez, ministro de
Relaciones Interiores y Marcos Pérez Jiménez, ministro de la Defensa. A partir
de ese momento, y sobre todo después del asesinato de Delgado Chalbaud (1950),
la censura fue definitiva.
Todos
los periódicos políticos, de cualquier tendencia que tuviesen, fueron
clausurados, incluyendo la revista Signo (1951-1952), dirigida por Alfredo
Tarre Murzi y Ramón J. Velásquez. Posteriormente, la prensa reflejaría 3 tendencias:
oficial, independiente y clandestina.
El
vocero oficial del Gobierno perezjimenista fue El Heraldo, cuyas instalaciones
fueron compradas por el Estado y convertidas en instrumento de publicidad del
régimen; se caracterizó por la exclusiva propaganda a favor de éste y la
agresión contra los que consideró enemigos del mismo, especialmente a los
partidos políticos. Otros órganos periodísticos mantuvieron una posición de
convivencia con el Gobierno. Los periódicos independientes fueron sometidos a
la más estricta censura; desde el Ministerio de Relaciones Interiores, se trató
de imponerles editoriales; algunos lograron resistir omitiéndolos y limitándose
a dar información sin comentarios. Algunos expresaban su protesta colocando
esas informaciones, catalogadas por el Gobierno de importantes, a la par de las
trivialidades de la moda o la crónica social.
Tanto
en Venezuela como en el exterior, hubo una insistente persecución de los
periodistas que se salieran de los límites establecidos por el Gobierno. La
prensa clandestina llevó a cabo una eficaz protesta contra el régimen bajo los
nombres de Ofensiva, Resistencia, Venezuela Democrática, Tribuna Popular, Joven
Guardia, Rebelión, Libertad, Estrella Roja, Tiela y muchos más, publicados unos
en Venezuela y otros en el exterior. Los estudiantes liceístas se abocaron a la
distribución de volantes contra el régimen. Quizás debido al fracaso económico
de algunos periódicos en este período, es por lo que, en el mismo, se inicia un
proceso de concentración de la prensa que culminaría en las décadas siguientes.
A
raíz de la caída de Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, hubo de nuevo
libertad de prensa y proliferaron los diarios y revistas. El primer diario
surgido después del 23 de enero fue el vespertino El Mundo, que al principio
fue un orientador de la opinión pública, dirigido por Ramón J. Velásquez y
posteriormente, por Domingo Alberto Rangel. Luego aparecieron El Independiente
y La Razón, de tendencia derechista y de efímera existencia, así como el
vespertino El Pregón, que tampoco sobrevivió a estos primeros momentos. Una vez
que Rómulo Betancourt llegó a la presidencia de la República (1959), a pesar de
que las garantías no habían sido suspendidas, se decomisaron y cerraron los
periódicos de izquierda; y como sólo los partidos de la coalición gubernamental
tenían acceso a la radio y televisión, la oposición tuvo dificultades para
expresarse abiertamente.
En
1960, se fundó Izquierda, tabloide del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) que alcanzó, a pocos meses de fundado, tirajes de 60.000 ejemplares; fue
dirigido por Domingo Alberto Rangel. Una vez promulgada la Constitución de
1961, que rige en la actualidad, se instituyó el principio de la libertad de
prensa. Es en la década de 1960 cuando se redefinen los campos de política e
ideología en los medios impresos y finaliza el proceso de concentración que se
había iniciado en la década anterior, por lo que ésta viene a ser la gran época
de las cadenas periodísticas y del manejo de la opinión de los periódicos por
parte de las empresas económicas que los poseen. Se da inicio a un gran
despliegue de periódicos, tanto en Caracas como en el interior.
La
investigación llevada a cabo por el profesor y periodista Eleazar Díaz Rangel
(La prensa venezolana en el siglo XX) nos señala que «entre 1922 y 1957
aparecieron 79 diarios en el interior, pero sólo ocho (el 10%) subsistieron, en
cambio, en el mismo lapso de los 40 años siguientes (1953-1993) aparecieron 95,
de los cuales 68 (71%) continúan editándose. Razones políticas y sobre todo
económicas lo explican. Su circulación ha aumentado de manera significativa, y
en casi todas las ciudades ejercen una influencia en la formación de la opinión
pública más determinante que la de los diarios llegados de Caracas». La misma
fuente nos refiere que en 1946 había 14 diarios regionales (de provincia)
frente a 8 de circulación nacional (denominados «diarios nacionales» por su
cobertura); en 1966 contábamos con 21 diarios regionales y sólo 7 nacionales;
en 1976 la cifra aumentaba a 51 regionales y 11 nacionales y; en 1986 existían
61 diarios regionales y 9 nacionales. En algunos de ellos florece el
sensacionalismo y otros manipulan la información, violando, a veces, los
recatos que el secreto sumarial y los principios éticos imponen.
Por
otra parte, los sucesivos gobiernos de los períodos presidenciales regidos por
la Constitución de 1961 intentan, de vez en cuando, ejercer presiones más o
menos directas sobre los medios y sobre periodistas, y se ha dado también el
caso de presiones emanadas de los sectores de anunciantes. Se organizan los
gremios profesionales como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP), así como los organismos de
carácter patronal (Bloque de Prensa). Los nuevos cambios tecnológicos,
especialmente la informática, tienen una gran incidencia en todo el proceso de
elaboración de los periódicos. La prensa impresa ha de competir en las áreas de
la publicidad y de la información con los medios radioeléctricos (radio y
televisión) y en menor escala, con los avisos publicitarios de los cines; pero
se dan casos en los cuales una misma empresa posee periódicos y canales de
televisión. Aun cuando los voceros exclusivos de partidos políticos han
desaparecido gradualmente hasta fallecer totalmente.
Hoy
día las distintas corrientes ideológicas tienen habitualmente acceso a las
páginas de opinión, en las cuales suelen colaborar regularmente intelectuales y
columnistas independientes.
En
estos momentos, historia reciente y actual, estamos en presencia de una
verdadera industria cuyo objeto de venta, comercialización y
circulación-consumo es el periódico diario y la diversidad de
revistas-publicaciones que sobre variadas temáticas dentro del llamado campo
del periodismo especializado se nos ofrece en el mercado. Es decir, ya contamos
con una verdadera «industria cultural» cuyo soporte de difusión de mensajes es
el papel periódico por ahora, al lado de las otras industrias culturales.
La
otrora empresa de tener un periódico como órgano de divulgación de las ideas
políticas y de las posiciones ideológicas, ha dado paso a la configuración de
una industria de prensa, en donde en algunos casos hay vinculación con sectores
transnacionales de ultramar y del mismo ramo o distinto. Ha irrumpido también
lo que hoy se conoce con el nombre de la «empresa multimediática», es decir la
presencia de varios renglones comunicacionales concentrados en una sola
propiedad.
Al
igual que la inclusión de otros sectores de la economía que en nada tienen que
ver con la industria comunicacional impresa. Así pues, las industrias
culturales, y en este caso la «industria del periodismo», se rige en principio
por las mismas leyes del resto de las industrias, son las leyes del mercado
aplicadas a un «producto intangible» como lo es la información-mensaje. Dentro
de este parámetro de referencia moderna en este mundo que ha denominado
«mercado-mundo», la presencia de la mayor parte de las publicaciones periódicas
en Venezuela se concentra en 2 bloques. Uno primero que se caracteriza por la
presencia desde hace ya bastante tiempo de 2 grupos: La Cadena Capriles y el
Bloque de Armas, grupos que han ido aumentando su caudal de publicaciones en
los últimos años a raíz de la compra de diarios, revistas y otras publicaciones
que por razones económicas entraron en crisis. La Cadena Capriles (1959), dueña
de los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Crítica de Maracaibo, también edita
las revistas Élite, Páginas, Venezuela Gráfica, Kena, Hipódromo, Deportes... Por
su parte, El Bloque de Armas (1970), que funda el primer diario a color del
país, 2001, cuenta con el único diario deportivo, Meridiano y su poder como
industria de prensa se concentra en la publicación de revistas tales como
Bohemia, Momento, Ideas, Coqueta, Venezuela Farándula, Fascinación, The Ring,
Vanidades... Además tiene nexos con la gran cadena o Grupo Hearst de Estados
Unidos y desde ahí, con la propiedad de la Editora América con sede en Estados
Unidos, se encarga de publicar en español y distribuir para toda la América
Latina las revistas Cosmopolitan, Mecánica Popular y Buen Hogar, entre las más
conocidas.
El
otro bloque de la industria periodística del país está conformado por las
publicaciones de periódicos que pertenecen a sectores de la economía cuyo
renglón básico y significativo que los caracteriza como empresa no es el de
tener presencia visible en cuanto a propiedad dentro de la industria cultural
periodística, sino más bien en otros sectores como el financiero, el industrial
o el comunicacional-masivo-audiovisual. Así está el caso de un periódico como
El Globo (1990) del Grupo del Banco Federal. Los casos de Economía Hoy (1989),
del desaparecido Banco de la Construcción, Reporte (1988), de varios grupos
bancarios intervenidos y de El Diario de Caracas (que dejó de salir el 10 de
julio de 1995) del Grupo 1 BC (propietarios de Radio Caracas Radio, Radio
Caracas Televisión y Sonográfica entre las empresas comunicacionales más
conocidas del grupo). Este periódico, que fuera fundado en 1979, apareció con
una diagramación moderna y vistosa, un formato cómodo para el lector, revivió
los editoriales, se caracterizó en sus inicios por la foto desplegada en
primera plana editorializando y la reelaboración de los cables de noticias
internacionales. En medio de esos 2 sectores o bloques hay que ubicar aquella
industria periodística que proviniendo de un grupo eminentemente familiar como
fueron en Caracas El Nacional y El Universal, aún con las variantes que
introduce el mercado y la gerencia moderna, siguen directrices de rango
tradicional. Eso no implica que ellos no se hayan modernizado como industria y
que no hayan pensado en entrar en otros negocios del mercado comunicacional
como puede ser el de las telecomunicaciones y telemática que tantas
oportunidades ofrecen.
En
cuanto a la industria periodística regional, las variables de concentración son
semejantes a las señaladas antes. Igualmente, se ha operado una modernización
de la empresa con la introducción del equipo de impresión más avanzado y la
presencia en las salas de redacción de la informática sustituyendo a las viejas
máquinas de escribir.
Los
procesos de descentralización que se han dado en los últimos años y el
desarrollo económico regional ha impulsado la presencia de una industria del
periodismo en las distintas regiones del país, moderna, influyente y requerida
cada vez más por grupos económicos tanto del centro como del interior. El auge
de esta prensa dio lugar a que en enero de 1987 se creara la Cámara de la
Prensa Regional (CAVEPRE) que para 1994 ya agrupaba a 62 diarios y sus
afiliados contaban con Bs. 900.000.000 en equipos e insumos.
Las
cosas están cambiando y seguirán cambiando. Ahora no nos encontramos con los
actores tradicionalmente conocidos como empresarios de medios. Aquella idea
romántica del periodismo y de fundar un periódico se hace imposible. Se
requieren grandes capitales para estar al tanto de los avances tecnológicos y
poder llegar al público consumidor como ahora se le dice al lector. El
periodismo ya no es sólo periodismo como arte de informar a la gente, ahora es
la industria periodística, ligada a veces a otros medios y negocios, la que
evoluciona hasta convertirse en multimedia.
En
la actualidad a pesar de la inestabilidad económica y social en la que se
encuentra inmerso el país, el gobierno de Venezuela sigue adelante con sus políticas
de exhaustivo monitoreo de las más diversas áreas. La creación del sistema nacional de medios
públicos fue la alternativa perfecta para el gobierno, zafándose de los reproches y el tilde de
“mordaceros”; las radios comunitarias,
la creación de la televisora venezolana social, la unión y fusión de la señal
telesur (televisión de Suramérica) realzaron la imagen del tan criticado
gobierno bolivariano colocándolos en una postura social ofreciendo las cámaras
y la producción al pueblo.
Desde
entonces los productores nacionales independientes comenzaron a multiplicarse
produciendo una vasta cantidad de programas y emisoras con matiz político,
logrando así la meta establecida por el gobierno de Hugo Chávez de darle la
verdad al pueblo desde la realidad de la patria. Este desarrollo comucacional vino acompañado
du una feroz cacería de lobos que arremetía contra las emisoras radiales,
canales de televisión y circuitos privados quienes fueron amenazados a groso
modo con el retiro de la con sección y la no renovación del contrato por la
señal televisiva (el estado puede o no por derecho constitucional renovar la
con sección en el espacio informativo dentro de los limites venezolanos según
lo establecido en la ley de responsabilidad en radio y televisión) radio
caracas televisión (RCTV), Globovision, Televen, Venevision (Organización
Cisneros), Circuito Nacional Belfort (CNB100) fueron los principales medios de
información amenazados y penalizados con multas excesivas que dejaban al
descubierto las segundas y reales intenciones del gobierno de turno, “la
censura y el veto informativo”.
Después
de la solicitud de “súper-poderes” por parte del presidente Nicolás Maduro a la
Asamblea Nacional, se decreto la creación del Centro Estratégico de Seguridad y
Protección de la Patria (CESSPA) que no es más que la forma de organizar y
evaluar las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación,
asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los
órganos de seguridad e inteligencia del estado y otras instituciones públicas y privadas según lo
requiera la dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana;
Considerada una nueva medida que impulsar el ejecutivo para censurar la
información.
Una
vez más se reedita una vieja estrategia ejecutada por Hugo Chávez, quien en
2010 creó el Centro Situacional de Estudios de la Nacional (CESNA) que sirvió
como copia fiel y exacta para la creación de la actual ley pero incorporando
nuevos términos y condiciones; Sin embargo especialistas resaltan la diferencia
de los momentos, ya que el actual gobierno viene muy golpeado por la profunda
escasez y los altos índices de inflación.
Esto
sumado a los costos políticos que trae todo tipo de restricción contra la
libertad de expresión y el derecho a la información, es un nuevo factor que
refleja la inestabilidad en la que está inmersa Venezuela hoy en dia.
Prohibir
a los medios la publicación de imágenes y noticias violentas no es protección a
la patria, es una firma muy clara de represión a los medios pero a través de
las leyes; se considera pintar un país a
base de colores rosas dejando la tonalidad gris y oscura de lado desinformando
y quitando protagonismo a la verdadera noticia.
La
paleta de acuarela en la prensa plasma lo hermoso y lo gris del momento, lo
crudo y rojo de las palabras lo negó y trágico de los sucesos, lo colorido de
la vida con toques amarillos de resalto por alarmas, la libertad de prensa le
permite al mundo estar informado de la clara realidad sin tapujos. Esto sumado a los costos políticos que trae
todo tipo de restricción contra la libertad de expresión y el derecho a la
información, es un nuevo factor que refleja la inestabilidad en la que está
inmersa Venezuela hoy día.
En
una entrevista al diario el Nacional el presidente del colegio nacional de
periodistas Tinedo Guía expreso: “Que la gente solo se entera de lo que el
gobierno le conviene, lo cual implica la radicalización de los continuos a
taques a medios y periodistas”. En este
sentido agrega que le principal objetivo que busca el ejecutivo a través de
esta iniciativa es precisamente filtrar todo tipo de información que cristalice
los problemas de escasez e inflación.
Oswaldo
Cali, de espacios públicos, por su parte, aseguro: “La Creación del Cesppa
constituye un mecanismo de censura, es de forma ambigua y puede llevar a un
claro abuso de poder”. De este modo lo expreso el abogado advirtiendo que en el
país se juega más que hacer periodismo.
“A
falta de carisma, el presidente acude a la coerción para impedir que el
ejercicio de la libertad de expresión fundamente las críticas a la gestión
Gubernamental, sobre todo en materia económica”, concluye Marcos Ruiz,
secretario General de sindicato nacional de trabajadores de la prensa, quien
critico la medida del gobierno chavista y, a su vez, la capacidad de Nicolás
Maduro de afrontar la crisis.
“A
lo largo de los años el Gobierno rojo ha construido un régimen jurídico que le
permite censurar y sancionar a sus detractores, lo cual contraviene
abiertamente las normas internacionales y ahora emplea estas leyes para limitar
el debate público sobre temas de importancia nacional”, indico José Miguel
Vivanco, director para las Américas de Human Rights Whatch.
El
09 de enero de 2013, el organismo de telecomunicaciones controlado por el
gobierno, CONATEL, ordeno al canal de televisión Globovision que interrumpiera
la transmisión de cuatro anuncios donde se mostraba extractos de discursos
oficiales y distintos artículos de Constitución Nacional criticando la posición
del gobierno sobre la posibilidad de juramentación del Presidente reelecto para
ese mandato constitucional sin la presencia física de este. Más aun, la
restricción no se limita a los cuatro anuncios solamente, sino que además se le
impide al canal la transmisión de videos similares a este tema.
Para
fundamentar esta resolución, CONATEL invoco el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad
Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que fue sancionada por la
Asamblea Nacional Chavista en 2004 y Reformada en 2010 con el Objeto de
prohibir que emisoras de Radio y Televisión difundieran contenidos “que
fomenten zozobra a la Ciudadanía y alteren el orden público”
CONATEL
anunció además que había iniciado una investigación de los anuncios de
Globovision que dio como resultado sanciones de carácter administrativas de más
de dos mil millones de Dólares según el Artículo 27. Este es el único canal de
cobertura Nacional que aun mantiene una programación Crítica a las políticas
del Gobierno Actual, aun después del Cambio de Directiva y los Rumores de la
Compra por Parte de empresarios ligados al Partido Rojo.
En
el Mes de enero poco después de 2013 poco después de pagadas las multas y
aplicadas las sanciones correspondientes, fue allanada por parte de efectivos
de inteligencia nacional la vivienda de Federico Medina Ravell, Directivo de
esta plata Televisiva y empresario tomando en calidad de investigación las
computadores de la residencia como evidencia de instigación y terrorismo en las
redes sociales.
“No
hay ningún elemento en las transmisiones de Globovision que pueda, aun
remotamente, calificarse como incitación o alteración del orden público y seria
indignante que se persiguiera por terrorismo al autor de un blog por cuestionar
información oficial del gobierno”, expreso Vivanco.
El
caso Globovision es la secuela y continuación del Drama llamado Radio Caracas
Televisión (RCTV) que inicio con la decisión de no renovar la concesión al
canal 2 por promover el golpe de estado que sacudió brevemente a Venezuela
durante el mandato de Hugo Chávez en el año 2002. Marcando de esta manera la
Salida del aire de más de 53 años de trayectoria el 27 de mayo del año 2007 y
teniendo que ceder sus equipos de alta tecnología al naciente canal del
gobierno Teves.
Ni el
presidente de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, ni ninguno de
los tres mil empleados del canal soltaron una lágrima ese 27 mayo ante las
cámaras; por el contrario, esperaron hasta el último minuto de la medianoche el
milagro de que el presidente de Venezuela para ese entonces, Hugo Chávez,
rectificara la medida de cierre de la cadena. En el último día de transmisión
por señal abierta, después de 53 años de operaciones ininterrumpidas, Granier
invocó a todos los santos para que se produjera el milagro pues se había
enterado de que el Gobierno renovó ayer la concesión a dos cadenas privadas (Venevisión,
del Grupo Cisneros, y Televen, de Omar Camero), con lo cual podría ocurrir otro
tanto con su canal.
Sin embargo, Chávez volvió a ratificar su decisión de no renovar la licencia a RCTV en la cadena de radio y televisión de seis horas que transmitió ese mismo día en horas de la tarde. Y es que el mandatario obliga a todos los medios a ponerse en cadena con su emisión cuando se le antoja, ya que su programa dominical «Aló Presidente» apenas tiene una audiencia de un 6 por ciento, mientras RCTV tenía un seguimiento del 47 por ciento, según la encuestadora Hinterlace.
Sin embargo, Chávez volvió a ratificar su decisión de no renovar la licencia a RCTV en la cadena de radio y televisión de seis horas que transmitió ese mismo día en horas de la tarde. Y es que el mandatario obliga a todos los medios a ponerse en cadena con su emisión cuando se le antoja, ya que su programa dominical «Aló Presidente» apenas tiene una audiencia de un 6 por ciento, mientras RCTV tenía un seguimiento del 47 por ciento, según la encuestadora Hinterlace.
En su
programa «La Entrevista», el periodista Miguel Ángel Rodríguez calificó de
«asalto a mano armada, arbitraria e ilegal» la orden del Tribunal Supremo de
que los militares tomen los equipos, antenas y torres repetidoras, como en
efecto hicieron desde una semana antes, para que fueran utilizados por el nuevo
canal creado por el Gobierno, Televisora Venezolana Social (TVES).
Una de las
productoras del canal, Carolina Guidón, dijo que con el cierre “vamos hacia un
silencio muy peligroso porque el Gobierno no quiere que mostremos realidades
como las denuncias de corrupción, la basura en las calles, la pobreza y la
falta de viviendas”
Los
manifestantes se concentraron en las puertas del canal para expresar su apoyo,
sin importar que los afectos a Chávez le intimidasen con armas de fuego.
Permanecieron en vigilia esos días hasta que el Ejecutivo renovase la licencia.
Por la tarde hubo otra marcha en el centro de Caracas y toda la noche caceroladas
y «sirenazos» de Carros.
Un
sexagenario fanático de RCTV dijo en la vigilia que «no podía aceptar el cierre
de su canal» y advirtió al Gobierno, citando un versículo del libro de Isaías
de la Biblia, que «Chávez pactó con Castro para entregarle el país al diablo».
El Gobierno
siempre denunció de que se “quiso crear una crisis institucional, con campañas
informativas perversas” respecto a la salud del Presidente. Lejos de admitir
alguna crítica, el 26 de febrero el vicepresidente dijo que en el país “hay
libertad de expresión y que se respeta la diversidad de opiniones”.
Con relación a otros hechos, a finales de 2012, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) condenó de manera enérgica la presión que está ejerciendo el Estado hacia medios de comunicación que tienden al cierre de programas de opinión, retiro de periodistas que cubren dichos espacios y le exigen una “adecuación de tono” de su línea editorial. El CNP lamentó además que dueños de medios cedan ante las presiones orientadas a silenciar las voces disidentes.
De igual manera el Bloque de Prensa Venezolano le exigió al gobierno eliminar las restricciones para la compra de papel periódico. “Se cambiaron las condiciones para su importación, obligando a los medios a solicitar un certificado de no producción nacional para poder acceder a las divisas de Cadivi, pero dicho certificado del Ministerio de Industria y Comercio, tarda meses en llegar, acogotando así a los periódicos pequeños de provincia”.
Ante la cruda realidad presentada, los diarios del interior se quedan sin papel ni tinta dificultando así su circulación diaria. El presidente del diario El Impulso del estado Lara, Carlos Eduardo Carmona, dijo que “los inventarios de papel, tinta, planchas y otros insumos esenciales para la impresión siguen mermando y la respuesta oficial no llega”
Esta situación también obligó al diario La Verdad de Maracaibo el 22 de octubre a aplicar severas medidas de racionamiento para economizar el papel y extender sus reservas. Tal medida concluyó en la “fusión” temporal de dos de sus cuerpos, mermando la amplitud informativa.
También en agosto pasado el Gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial número 39.980, que excluye el papel periódico de la lista de insumos de primera necesidad, dejando a un lado la prioridad en el otorgamiento de divisas de Cadivi.
En cuanto a acoso, amenazas y discriminación en las fuentes, se hace más difícil el acceso a la información pública, se mantienen las restricciones a los periodistas de medios independientes a las oficinas gubernamentales y eventos oficiales, de igual forma continua la impunidad en los casos de agresiones a periodistas. De cada ocho casos denunciados; siete han sido declarados inadmisibles.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, aseguró que las violaciones a la libertad de expresión durante el 2012 aumentaron en 37 por ciento y que en el 58 por ciento de los casos reportados involucran a funcionarios públicos.
La sede del CNP del estado Miranda fue incendiada por desconocidos el 30 de noviembre, también fue asaltada la sede del diario El Carabobeño en Caracas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia impuso multa a los diarios El Progreso y El Luchador del estado Bolívar, por publicar fotos de asesinatos y accidentes.
Desconocidos destrozaron la estación de enlace de microondas de TV Guayana. Además se impusieron procesos sancionatorios a la televisora La Tele y las radios FM 91.9 y 96.9, por no “pegarse” a cadena donde informaban sobre la salud del Presidente.
A todo este panorama sombrío se une el asedio a Globovisión con bandas motorizadas y se le impuso un nuevo Procedimiento Administrativo Sancionatorio por difundir cuatro micros sobre el articulado de la Constitución.
A fines de febrero de este año el gobierno Nacional realizó el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta en alocución por cadena nacional de radio y televisión. Globovisión mientras tanto acusó al gobierno de “discriminación”, al no contemplarlo entre los canales y ser considerado solo un análogo. Globovisión opinó que se trata de su “sentencia de muerte”.
Días después, el diputado Miguel Ángel Rodríguez advirtió que es obligatorio denunciar esta decisión como un paso en la estrategia de coartar la difusión de informaciones y opiniones críticas al gobierno nacional y agrego: “Con la Ley de Comunicación Popular, se avecina el fin de la libertad de información”.
Aún permanece cerrada RCTV, 32 estaciones de radio y dos de televisión; y se persigue judicialmente a periodistas y dueños de medios obligándolos a permanecer en el exilio, entre ellos el editor de la revista Zeta y el diario El Nuevo País Rafael Poleo y su hija Patricia Poleo, y al presidente de Globovision, Guillermo Zuloaga. Sobre El Nacional permanece la prohibición impuesta en el 2010 por la publicación de fotos relacionadas con violencia.
Con relación a otros hechos, a finales de 2012, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) condenó de manera enérgica la presión que está ejerciendo el Estado hacia medios de comunicación que tienden al cierre de programas de opinión, retiro de periodistas que cubren dichos espacios y le exigen una “adecuación de tono” de su línea editorial. El CNP lamentó además que dueños de medios cedan ante las presiones orientadas a silenciar las voces disidentes.
De igual manera el Bloque de Prensa Venezolano le exigió al gobierno eliminar las restricciones para la compra de papel periódico. “Se cambiaron las condiciones para su importación, obligando a los medios a solicitar un certificado de no producción nacional para poder acceder a las divisas de Cadivi, pero dicho certificado del Ministerio de Industria y Comercio, tarda meses en llegar, acogotando así a los periódicos pequeños de provincia”.
Ante la cruda realidad presentada, los diarios del interior se quedan sin papel ni tinta dificultando así su circulación diaria. El presidente del diario El Impulso del estado Lara, Carlos Eduardo Carmona, dijo que “los inventarios de papel, tinta, planchas y otros insumos esenciales para la impresión siguen mermando y la respuesta oficial no llega”
Esta situación también obligó al diario La Verdad de Maracaibo el 22 de octubre a aplicar severas medidas de racionamiento para economizar el papel y extender sus reservas. Tal medida concluyó en la “fusión” temporal de dos de sus cuerpos, mermando la amplitud informativa.
También en agosto pasado el Gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial número 39.980, que excluye el papel periódico de la lista de insumos de primera necesidad, dejando a un lado la prioridad en el otorgamiento de divisas de Cadivi.
En cuanto a acoso, amenazas y discriminación en las fuentes, se hace más difícil el acceso a la información pública, se mantienen las restricciones a los periodistas de medios independientes a las oficinas gubernamentales y eventos oficiales, de igual forma continua la impunidad en los casos de agresiones a periodistas. De cada ocho casos denunciados; siete han sido declarados inadmisibles.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, aseguró que las violaciones a la libertad de expresión durante el 2012 aumentaron en 37 por ciento y que en el 58 por ciento de los casos reportados involucran a funcionarios públicos.
La sede del CNP del estado Miranda fue incendiada por desconocidos el 30 de noviembre, también fue asaltada la sede del diario El Carabobeño en Caracas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia impuso multa a los diarios El Progreso y El Luchador del estado Bolívar, por publicar fotos de asesinatos y accidentes.
Desconocidos destrozaron la estación de enlace de microondas de TV Guayana. Además se impusieron procesos sancionatorios a la televisora La Tele y las radios FM 91.9 y 96.9, por no “pegarse” a cadena donde informaban sobre la salud del Presidente.
A todo este panorama sombrío se une el asedio a Globovisión con bandas motorizadas y se le impuso un nuevo Procedimiento Administrativo Sancionatorio por difundir cuatro micros sobre el articulado de la Constitución.
A fines de febrero de este año el gobierno Nacional realizó el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta en alocución por cadena nacional de radio y televisión. Globovisión mientras tanto acusó al gobierno de “discriminación”, al no contemplarlo entre los canales y ser considerado solo un análogo. Globovisión opinó que se trata de su “sentencia de muerte”.
Días después, el diputado Miguel Ángel Rodríguez advirtió que es obligatorio denunciar esta decisión como un paso en la estrategia de coartar la difusión de informaciones y opiniones críticas al gobierno nacional y agrego: “Con la Ley de Comunicación Popular, se avecina el fin de la libertad de información”.
Aún permanece cerrada RCTV, 32 estaciones de radio y dos de televisión; y se persigue judicialmente a periodistas y dueños de medios obligándolos a permanecer en el exilio, entre ellos el editor de la revista Zeta y el diario El Nuevo País Rafael Poleo y su hija Patricia Poleo, y al presidente de Globovision, Guillermo Zuloaga. Sobre El Nacional permanece la prohibición impuesta en el 2010 por la publicación de fotos relacionadas con violencia.
“El espacio que actualmente tiene la
libertad de expresión en Venezuela es el más pleno que ha tenido en toda la
historia del país, por lo que como movimientos de periodistas era nuestra
obligación expresar esta posición frente a los empresarios de la comunicación,
reunidos en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)”, el señalamiento lo
hizo la integrante del Movimiento Periodismo Necesario Esther Quíaro, al
declarar a La Noticia de Venezolana de Televisión (VTV).
La SIP, organismo integrado por los
dueños de las grandes empresas de comunicación de América, durante su reunión
en Aruba efectuada la semana pasada, condenó las supuestas acciones del
Gobierno del presidente
Hugo Chávez Frías contra la libertad de expresión y en favor de la supuesta
eliminación de medios de comunicación en Venezuela.
Esther Quíaro dejó claro que las posiciones tomadas por esta sociedad tienen que ver con los intereses económicos y políticos de estos empresarios de la comunicación, “por lo que no van a coincidir con el Gobierno del presidente Chávez, ni con los otros Gobiernos progresistas que hay en América Latina”.
Manifestó que bajo el manto de las supuestas violaciones a la libertad de expresión, la SIP pretende atacar a los gobiernos progresistas del continente.
Al referirse al debate y la solicitud de una investigación penal que se abrió en la Asamblea Nacional (AN), en rechazo a las declaraciones del empresario del canal de televisión de derecha Globovisión, Guillermo Zuloaga, Quiaro refirió que los movimientos Periodismo Necesario y Periodistas por la Verdad apoyan tal petición.
“Creemos que nosotros, como periodistas, debemos ser responsables de lo que decimos y todo el que haga una declaración pública por cualquier medio de comunicación debe ser responsable por lo que declara”, sostuvo.
La Asamblea Nacional solicitó al Ministerio Público abrir una investigación penal en contra de Zuloaga, tras las declaraciones que ofreció en la reunión de la SIP.
El parlamento venezolano rechazó estas declaraciones de Guillermo Zuloaga ante la SIP, por considerar que realizó falsos y graves señalamientos en contra del jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, con la intención de criminalizar y dañar la imagen del Gobierno.
Esther Quíaro dejó claro que las posiciones tomadas por esta sociedad tienen que ver con los intereses económicos y políticos de estos empresarios de la comunicación, “por lo que no van a coincidir con el Gobierno del presidente Chávez, ni con los otros Gobiernos progresistas que hay en América Latina”.
Manifestó que bajo el manto de las supuestas violaciones a la libertad de expresión, la SIP pretende atacar a los gobiernos progresistas del continente.
Al referirse al debate y la solicitud de una investigación penal que se abrió en la Asamblea Nacional (AN), en rechazo a las declaraciones del empresario del canal de televisión de derecha Globovisión, Guillermo Zuloaga, Quiaro refirió que los movimientos Periodismo Necesario y Periodistas por la Verdad apoyan tal petición.
“Creemos que nosotros, como periodistas, debemos ser responsables de lo que decimos y todo el que haga una declaración pública por cualquier medio de comunicación debe ser responsable por lo que declara”, sostuvo.
La Asamblea Nacional solicitó al Ministerio Público abrir una investigación penal en contra de Zuloaga, tras las declaraciones que ofreció en la reunión de la SIP.
El parlamento venezolano rechazó estas declaraciones de Guillermo Zuloaga ante la SIP, por considerar que realizó falsos y graves señalamientos en contra del jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, con la intención de criminalizar y dañar la imagen del Gobierno.
Zuloaga dijo
en Aruba: “No se puede hablar de libertad de expresión en un país cuando el
Gobierno usa la fuerza para cerrar medios (...) El Presidente Chávez ganó unas
elecciones y cuenta con legitimidad de origen, pero se ha dedicado a ser el
Presidente de un grupo de venezolanos y trata de dividir a los ciudadanos”.
Asimismo, Esther Quíaro sostuvo que de allí el argumento que presentaron acerca de participaron en la organización y ejecución del golpe de Estado contra el presidente Chávez Frías el 11 de abril de 2002.
“Por tales motivos consignamos los resultados de la investigación que realizó la Fundación Juan Vives Suriá, junto con la Defensoría del Pueblo, que tiene su expresión en un libro denominado Los documentos del golpe”, dijo. El integrante del movimiento Periodistas por la Verdad José Gregorio Nieves, en esta misma entrega, ratificó que apoyan la solicitud del parlamento antes referida.
Sobre las declaraciones ofensivas del coeditor del diario colombiano El Tiempo y ex presidente de la SIP, Enrique Santos, quien llamó a los periodistas venezolanos palangristas, cotorras, asalariados y señaló que le daba vergüenza el periodismo venezolano y su pueblo por tener a un presidente como Hugo Chávez, José Gregorio Nieves informó que Periodistas por la Verdad, como organización no gubernamental (ONG), acudirá a la embajada de Colombia.
“Para que desde allí se nos abra el camino para llegar a la Fiscalía General de Colombia y pedirle responsabilidad a Santos por lo dicho”, expresó.
Igualmente, señaló: “Santos no tiene ninguna moral para decir cuál es la libertad de expresión que se maneja en Colombia en relación con la libertad de expresión que se maneja en Venezuela, cuando en la nación colombiana siguen enterrando periodistas, casi a diario, mientras que en el Estado venezolano se abren cada vez más micrófonos para que los venezolanos, además de recibir, busquen la información que requieran en esta libertad de expresión que está garantizada por la Constitución nacional, en sus artículos 57 y 58, que aparte exige a los venezolanos la responsabilidad sobre lo que dicen o sobre lo que escriban'.
Asimismo, Esther Quíaro sostuvo que de allí el argumento que presentaron acerca de participaron en la organización y ejecución del golpe de Estado contra el presidente Chávez Frías el 11 de abril de 2002.
“Por tales motivos consignamos los resultados de la investigación que realizó la Fundación Juan Vives Suriá, junto con la Defensoría del Pueblo, que tiene su expresión en un libro denominado Los documentos del golpe”, dijo. El integrante del movimiento Periodistas por la Verdad José Gregorio Nieves, en esta misma entrega, ratificó que apoyan la solicitud del parlamento antes referida.
Sobre las declaraciones ofensivas del coeditor del diario colombiano El Tiempo y ex presidente de la SIP, Enrique Santos, quien llamó a los periodistas venezolanos palangristas, cotorras, asalariados y señaló que le daba vergüenza el periodismo venezolano y su pueblo por tener a un presidente como Hugo Chávez, José Gregorio Nieves informó que Periodistas por la Verdad, como organización no gubernamental (ONG), acudirá a la embajada de Colombia.
“Para que desde allí se nos abra el camino para llegar a la Fiscalía General de Colombia y pedirle responsabilidad a Santos por lo dicho”, expresó.
Igualmente, señaló: “Santos no tiene ninguna moral para decir cuál es la libertad de expresión que se maneja en Colombia en relación con la libertad de expresión que se maneja en Venezuela, cuando en la nación colombiana siguen enterrando periodistas, casi a diario, mientras que en el Estado venezolano se abren cada vez más micrófonos para que los venezolanos, además de recibir, busquen la información que requieran en esta libertad de expresión que está garantizada por la Constitución nacional, en sus artículos 57 y 58, que aparte exige a los venezolanos la responsabilidad sobre lo que dicen o sobre lo que escriban'.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
alertó “Sobre el vertiginoso aumento de los procedimientos judiciales y las
medidas de censura que afectan las
libertades informativas y de opinión en el país”. Así lo expresó Marianela
Balbi, directora ejecutiva de esta organización no gubernamental de DDHH, en la
audiencia sobre la situación de la libertad de expresión y el acceso a la
información pública en Venezuela, en el marco del 149° período de sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Balbi describió que en el país
persiste un desproporcionado uso
abusivo del poder del Estado para criminalizar la labor de los periodistas,
los medios privados e independientes, así como a activistas de derechos humanos
y reporteros ciudadanos.
“Del 1 enero
al 10 octubre de 2013, Ipys Venezuela ha reportado 30 casos de censura por parte de los poderes ejecutivo,
legislativo, judicial y electoral, instancias que han emprendido medidas que
prohíben la difusión de información sobre temas de interés para los ciudadanos.
Esta cifra evidencia un incremento en la aplicación de controles sistemáticos
por parte del Estado venezolano, al compararse con el mismo período del año
2012, cuando se reportaron 7 casos de censura por parte de las instancias del
poder público venezolano”, documentó Ipys Venezuela.
La directora ejecutiva de Ipys
Venezuela expresó que preocupa el aumento
de procesos judiciales que se han iniciado contra periodistas,
directivos de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, si se
comparan los datos entre enero y octubre de 2012 y 2013. “En el año en curso
Ipys Venezuela ha reportado 20 acciones legales, mientras que en 2012 se
registraron 4 incidentes de este tipo. Mediante estos hechos se ha buscado
presionar y criminalizar a los periodistas y medios de comunicación que han
difundido información sobre la corrupción en la gestión pública; la situación
de inseguridad ciudadana y la conflictividad sociopolítica, las presuntas
arbitrariedades en el contexto electoral, y las irregularidades de
abastecimientos de bienes y servicios básicos”.
El Estado
venezolano persiste en la aplicación de mecanismos legales para restringir el
trabajo de los periodistas y los medios privados e independientes, mediante
acciones judiciales y órdenes de altos funcionarios de los poderes públicos,
principalmente, de acuerdo a la información presentada por Ipys Venezuela. “En algunos casos, se ha pedido cárcel y el
castigo más severo para los representantes de los medios”, como fue la
denuncia presentada contra el Diario 2001, indicó Balbi.
“Las denuncias formuladas por
diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de
la Fiscalía General de la República, de manera que muestran una posible
articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información,
tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general”.
Ipys
Venezuela ha documentado diversas medidas legales y acciones de censura que han
afectado a los diarios el Correo del Caroní, en el estado Bolívar; y el diario
La Mañana, en el estado Falcón; El Nacional y Tal Cual, en Caracas. Han sido
señalados por la vía penal varios periodistas entre ellos Horacio Contreras,
locutor y director de Studio 102.7 FM, en Mérida; Leonardo León, locutor de ULA
FM 107.7 y corresponsal del diario El Nacional; Nelson Bocaranda, locutor del
Circuito Unión Radio y director del portal Run.run.es; Miguel Enrique Otero,
editor de El Nacional; Leocenis García, presidente del semanario 6to Poder; y
Francisco “Pancho” Pérez, columnista de El Carabobeño. De igual manera, fueron
citados por tribunales, en calidad de testigo, Luz Mely Reyes; directora del
Diario 2001; Omar Luis; subdirector y el jefe de información del mismo
periódico Juan Ernesto Páez Pumar.
En la
audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, también,
estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos de la universidad
Católica Andrés Bello (CDH UCAB), el Programa Venezolano de Educación Acción en
Derechos Humanos (Provea), y Espacio Público. Este grupo denunció las restricciones al acceso a la información
pública con la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la
Patria. Provea describió que solo 3 ministerios han publicado sus
Memoria y Cuenta, mientras que el CDH-UCAB se refirió a las limitaciones para
los derechos de palabras de algunos parlamentarios en la Asamblea Nacional.
De acuerdo a
los datos de IPYS Venezuela, del 1º de enero al 10 de octubre de 2013, se
reportaron 228 casos en los que se ha
vulnerado los principios de la libre expresión en información. Esta
cifra supera el número total de casos de 2012, cuando se contabilizaron 200
incidentes. Además, alcanza los índices más restrictivos en los últimos 11
años.
Las
organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CIDH exhortar al Estado Venezolano a garantizar las medidas necesarias para
el ejercicio pleno de la libertad de expresión, sin que la emisión de opiniones
comporte ningún tipo de riesgo, amenazas ni presiones contra los periodistas,
los medios de comunicación y los ciudadanos en general. Solicitaron a los
representantes del Estado cesar con la campaña y las acciones de
criminalización y de censura que limitan las libertades informativas en el
país, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Nacional y los
estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.
“Si no
tenemos cuidado, los medios de comunicación harán que acabemos odiando a los
oprimidos y amando a los opresores” Malcolm X. Basándose en este discurso el
Gobierno Nacional da pie a el Comunicado donde dejaba claro su posición y las
acciones a tomar en el caro de RCTV.
La empresa
1BC a través de su Canal privado RCTV -y otros medios de difusión masiva han
desplegado una intensa campaña para intentar convencer (que no es igual a
demostrar) que el vencimiento de la concesión otorgada por la República para el
uso del espectro radioeléctrico equivale a un cierre del Canal 2, y en
consecuencia, una clara violación de la libertad de expresión. Aquí se
demostrará que la acción del Estado es exactamente todo contrario: es la
garantía del ejercicio de la Libertad de Expresión para éste caso en
particular. También y se develarán las falacias del discurso mediático respecto
al Caso RCTV.
En primer
lugar, ya que se está hablando de DERECHOS HUMANOS, es bueno recordar (para los
que lo dicen saber) y dar a conocer (para lo que lo ignoran) lo señalado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos(ONU, Diciembre 1948) en sus
artículos 29 y 30, en relación con las limitaciones de los Derechos Humanos. Así,
el artículo 29 de la Declaración señala expresamente - en su Ordinal Segundo lo
siguiente:
“En el
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad democrática”.
Del mismo
modo, el artículo 30 del mismo instrumento internacional señala que:
“Nada en la presente Declaración
podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a
un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar
actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración”.
Los Derechos
Humanos son convencionalmente entendidos como principios internacionalmente
reconocidos que buscan garantizar el respeto absoluto de la Dignidad humana
(siendo ésta su única limitación). Por lo tanto, ninguna persona o grupo puede
invocar el ejercicio de algún Derecho Humano, para suprimir el goce y ejercicio
de estos mismos Derechos a otras personas o grupos.
Lo señalado
en los artículos 29 y 30 de la Declaración tiene su correspondencia a su vez
con los artículos 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos(relativo a las Normas de Interpretación de dicho Convenio) que
igualmente señala que:
“Ninguna
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; limitar el goce y ejercicio
de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las
leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en
que sea parte uno de dichos Estados”.
Las
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas
sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas.
La norma
general de la cual derivan estas pautas y criterios proviene de los artículos
antes citados. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que "sólo la Ley adoptada por los órganos democráticamente
elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede
restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la
persona".
Ahora bien,
dado que se están impulsando acciones ante el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos (Comisión y Corte Interamericanas de Derechos
Humanos), también cabe realizar algunas acotaciones al respecto. Antes debe
aclararse a la colectividad, que debe diferenciarse el actual recurso ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca garantizar la
integridad física de trabajadores de medios audiovisuales (amenazada por
ciudadanos determinados) exigiendo su protección (cuya responsabilidad compete
al Estado), de las nuevas acciones que pretenden ejercer los dueños de la
empresa 1BC, que en ningún caso representan a los trabajadores de la planta
televisiva, y por lo que aquí se demostrará, tampoco tiene que ver con libertad
de expresión de la ciudadanía.
En segundo
lugar, la discrecionalidad de las autoridades nacionales en la adopción de
medidas para dar cumplimiento a obligaciones positivas o para imponer
restricciones debe estar siempre guiada por el Principio Pro Homine. Este es un
criterio de interpretación, en virtud del cual se debe acudir a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos.
El Principio
Pro Homine impone también atender al razonable principio según el cual los derechos
de cada uno terminan donde comienzan los derechos de los demás, de alguna
manera comprendido en las normas sobre deberes. En tal sentido, los derechos y
libertades de terceros o los derechos y reputación de otros como pauta de
limitación traducen la existencia de un conflicto que debe resolverse en favor
de los derechos de los unos limitando los derechos de los otros.
En relación
con la extensión del margen de apreciación de los Estados (en la aplicación del
derecho internacional de los derechos humanos) es variable según las
circunstancias, las áreas y el contexto. Esto significa que, según las
circunstancias, las restricciones autorizadas por los Tratados de Derechos
Humanos (por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos) están
sometidas a ciertas condiciones y objetivos que permiten limitar el goce de
algunos derechos, señalados tanto por la Corte Interamericana (OEA), como por
el Comité de Derechos Humanos (ONU).
La
Jurisprudencia (decisiones de la Corte Interamericana de carácter definitivo)
"las restricciones deben estar justificadas por objetivos colectivos de
tanta importancia que claramente pesen más que la necesidad social de
garantizar el pleno ejercicio de los derechos.
Todas las
restricciones deben cumplir ciertos requisitos:
a) estar previstas por la ley;
b) ser necesarias en una sociedad
democrática;
c) imponerse para proteger la
seguridad nacional, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y
libertades de los demás.
De la misma
manera, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en su
Observación General Nº 10, señala que las restricciones a la libertad de
expresión deben respetar las condiciones de ser fijadas por ley, justificándose
como necesarias en una sociedad democrática y por las razones establecidas en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ejercicio del
Derecho a la Libertad de Expresión entraña deberes y responsabilidades
especiales, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,
expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los
derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
En fin, el
Derecho a la Libertad de Expresión interpretado según las normas anteriores,
supone que cualquier limitación o restricción en su ejercicio debe someterse a
requisitos generales que sean previstos por Ley, necesarios en una sociedad
democrática y para fines legítimos5. Existe inclusive ya una opinión
de la Corte Interamericana en relación con el sentido que debe otorgársele a la
palabra LEY, a los fines de la limitación o restricción de éste Derecho. Según
la Corte, Ley significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien
común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y
democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por
las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.
Todas éstas
condiciones y objetivos en materia de Derechos Humanos están recogidas en la
LEY que se está haciendo valer y cumplir para el Caso RCTV: la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley ReSoRTe), elaborada por la
Asamblea Nacional, la cual tiene como objetivo o finalidad:
Establecer,
en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los
prestadores de los servicios de radio y televisión, para fomentar el equilibrio
democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la
justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la
democracia, la paz, los derechos humanos...
Las
disposiciones de la presente Ley se aplican a toda imagen o sonido cuya
difusión y recepción tengan lugar dentro del territorio de la República
Bolivariana de Venezuela, y sea realizada a través de los servicios de radio o
televisión públicos o privados siguientes Servicios de televisión...
De
conformidad con el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, es deber del Estado venezolano el garantizar el libre y pleno
ejercicio de los Derechos Humanos a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, y en función de dar cumplimiento a esta obligación, de
conformidad con la finalidad de la Ley RESoRTe, el Gobierno Nacional decide
aplicar a RCTV lo establecido en el artículo 29 de dicha Ley, que expresamente
señala que:
Los
prestadores de servicios de radio y televisión serán sancionados con: 1.
Suspensión hasta por setenta y dos horas continuas, cuando los mensajes
difundidos: promuevan, hagan apología o incitena alteraciones del orden
público, promuevan, hagan apología o inciten al delito, sean discriminatorios,
promuevan la intolerancia religiosa, sean contrarios a la seguridad de la
Nación 2. ..Revocatoria de la Concesión, cuando haya reincidencia en la sanción
del numeral 1 de este artículo, dentro de los cinco años siguientes de haber
ocurrido la primera sanción.
El Gobierno
venezolano busca garantizar los Derechos Humanos (incluido el Derecho a la
Libertad de Expresión y de Información) cuando sanciona con la Revocación de la
Concesión (que le pertenece a la República y que administra en función
del Bien Común de todas y todos los venezolanos) a un prestador de servicios de
Televisión (RCTV) que de manera intencional y continuada ha infringido las
Leyes nacionales en materia de Telecomunicaciones, y que también ha promovido
(y permitido promover) la violación flagrante de los Derechos Humanos del resto
de los venezolanos y venezolanas, a través del uso del Medio televisivo.
Además, lo
hace en cumplimiento de las condiciones y objetivos señalados en los
Instrumentos de Derechos Humanos mencionados (Declaración Universal y
Convención Americana) como restricciones legítimas de la Libertad de Expresión.
Las restricciones legítimas son los límites de tipo permanente que se imponen
al ejercicio de algunos derechos en atención a la necesidad de preservar o
lograr determinados fines que interesan a la sociedad toda. Así, los
instrumentos internacionales refieren a conceptos de orden público, seguridad
nacional, bien común, salud pública, o moral.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos señaló que "una acepción posible del
orden público dentro del marco de la Convención, hace referencia a las
condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones
sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. En tal sentido
podrían justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y
libertades para asegurar el orden público.
El criterio
del orden público hace referencia a las condiciones que aseguran el
funcionamiento armónico y normal de las instituciones, cuestión contra la que
las actividades de la Planta televisiva RCTV han atentado. En tal sentido, el
día 11 de Abril del 2002 el Canal RCTV (y otros canales) difundieron la arenga
del General Néstor González González llamando al rebelarse contra el estado
constitucional. Igualmente trasmiten los llamados a la sublevación de
Guaicaipuro Lameda y Molina Tamayo.
Asimismo, en
declaración teledifundida por todos los canales comerciales Víctor Manuel
García (quien se confiesa autor del plan para apresar al Presidente Chávez)
señala la premeditación del mensaje de González González, para retener al
Presidente Chávez en el país. García señala en Televisión: ¡Gracias, medios de
comunicación!. En secuestro del Presidente (electro democráticamente por la
mayoría de la población venezolana, y por lo tanto, su Gobernante legítimo) con
la venía comunicacional de las Plantas televisoras en este caso, RCTV -
constituye un hecho notorio que consagra una grave afrenta no sólo al orden
público, sino al Orden Institucional y Constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela.
De este
modo, RCTV es responsable también de la violación de cada uno de los siguientes
Derechos Humanos:
a) Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otro. RCTV ha
promovido el odio y el desprecio racial entre venezolanos, y la aversión a la
mayoría democrática, cuando ha permitido a través de sus espacios televisivos
se emitan reiteradamente opiniones discriminatorias respecto al Presidente
Chávez, algunos de sus Ministros, y sobre sus seguidores, estigmatizados por
narradores de noticias, comentaristas, entrevistadores, como hordas,
chusmas,salvajes, etc., sobre todo, durante el linchamiento mediático efectuado
en los días del Golpe de Estado de Abril 2002.
En este
sentido, cabe recordar que la sentencia del Tribunal de la ONU que encargó de
juzgar los genocidios en Ruanda señaló que el poder de los medios de crear y
destruir valores humanos conlleva una gran responsabilidad, y distinguió la
frontera legal entre libertad de expresión e instigación al asesinato masivo.
Señala Kofi Annan (ex Secretario General de la ONU): los medios de comunicación
fueron usados en Rwanda para diseminar odio, para deshumanizar la gente, y más
aún para guiar a los genocidas hacia sus víctimas. Tres periodistas y
propietarios de medios han sido encontrados, por el Tribunal Criminal
Internacional para Rwanda, culpables de genocidio, incitación al genocidio,
conspiración y de cometer crímenes contra la humanidad. Debemos encontrar una
vía para responder a tales abusos de poder.Los medios del odio en
Rwandaa través de sus periodistas, locutores y ejecutivosjugaron un rol
instrumental en el establecimiento de las bases para el genocidio, luego
participaron activamente en la campaña de exterminación. En Venezuela fueron
utilizados como a continuación se observará- para atentar contra la vida de
venezolanos en los días del Golpe de Estado de Abril 2002, aunque también, al
estigmatizar y criminalizar a luchadores y luchadoras sociales (círculos
bolivarianos, campesinos, indígenas y sindicales) que apoyan al Gobierno o al
Proceso Revolucionario también han coadyuvado a graves agresiones contra éstos.
También la
Programación cotidiana del Canal RCTV ha servido para instaurar durante
décadas, falsos estereotipos culturales discriminadores y alienantes en la
conciencia de sus televidentes, lo cual ha sido recientemente denunciado por ex
trabajadores y ex trabajadoras de dicho Canal.
b) Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente
al ser humano. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado15.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad.
RCTV tiene
responsabilidad en haber dado difusión a un video que justificó un golpe
militar - que se impuso mediante la muerte de venezolanos durante los días 11,
12 y 13 de Abril del 2002 basado en la falsa denuncia premeditada de muertes
que aún no habían ocurrido. Así, tanto las declaraciones de Héctor Ramírez
Pérez en día 12-04-2002 (Afortunadamente tuvimos un gran arma que son los
medios de comunicación) como la posterior de Otto Neustall17 (El día
10-04-2002 ya se habla de muertos para el día siguiente durante la
marcha, y en el video previo ya se adelanta su número) señalan una
planificación de una masacre que debió ser denunciada y evitada por RCTV, y no
promovida y difundida como en efecto lo realizó éste Canal.
Asimismo,
RCTV efectuó durante los días del golpe de estado de Abril 2002, prácticas de
Linchamiento mediático: tanto la Locutora de su noticiero estelar, como
personas invitadas a participar en dichos espacios, mencionaban listas de
centenares de personas proclives al gobierno cuya detención era públicamente
solicitada y esperada, y en vivo saludaban eufóricamente la violación de la
integridad personal de funcionarios del Gobierno Bolivariano (casos de
Rodríguez Chapín y Tarek William Saab, sólo para citar los más notorios).
c) Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Este es el
Derecho más permanentemente violado por narradores de noticias, comentaristas,
entrevistadores y personas invitadas a participar en programas de noticias, de
opinión (e inclusive, producciones dramáticas, humorísticas, y películas
importadas por el Canal para su transmisión) hasta la fecha actual, en
detrimento del Presidente Chávez, su familia, ministros, seguidores políticos,
simpatizantes, e inclusive, contra personas no posicionadas contra el Gobierno
o el Proceso revolucionario sin estar tampoco a favor.
d) Toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
RCTV
promovió (y permitió que otros promovieran) las Guarimbas, las
cuales al impedir el Derecho al Libre Tránsito, derivaron en la violación de
otros Derechos Fundamentales (Derecho a la Vida, a la Salud, al Trabajo, a la
Educación). Las Guarimbas consistieron en cierres intencionales y sistemáticos
de vías públicas (y sus accesos) en las urbes de las principales ciudades del
país, a consecuencia de lo cual personas que se trasladaban (solas o junto a
otras) a centros médico-asistenciales o emergencias hospitalarias fallecieron o
fueron irremediablemente afectadas en su salud; perdieron sus fuentes de
trabajo o fueron gravemente afectadas en sus actividades económicas (con
consecuencias negativas derivadas en términos de salud, alimentación, seguridad
personal, etc); padecieron graves carencias alimentarias; fueron gravemente
afectadas en sus actividades estudiantiles o académicas, etc.
e) En caso de persecución, toda
persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
En la
programación de RCTV durante los días del Golpe de Estado tanto la Locutora de
su noticiero estelar, como personas invitadas a participar en dichos espacios,
solicitaban a las Misiones Diplomáticas no conceder asilo a funcionarios del
Gobierno democráticamente electo del Presidente Chávez, sin requisitoria alguna
por Tribunal Penal alguno.
f) Nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad. RCTV pretende usurpar la señal televisiva que
le fue entregada en concesión por el Estado venezolano (propietario legal y legítimo
de la misma), privando a éste del Derecho de Disponer de ella según la utilidad
pública y social que éste determine. El espacio de la radiodifusión y la
televisión pertenece en propiedad a la República, la cual puede otorgar o
revocar el derecho a su uso mediante concesiones discrecionales.
g) Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
Este fue el
Derecho más violentado por RCTV durante los días del Golpe de Estado de Abril
2002 (sobre todo los días 13 y 14 de Abril), a través del Apagón
Comunicacional. La política del Canal RCTV fue la de trasmitir la idea que todo
estaba tranquilo en Caracas y el resto del país, cuando la realidad era
opuesta. Fue una censura aplicada a todo un país, por lo que los venezolanos lo
ignoraban lo que sucedía en él, o poniéndole una mordaza a la sociedad. No
informa ni condena los hechos perpetrados contra otros Medios de Comunicación
por su afiliación con el Gobierno Bolivariano. Así, el Gobernador opositor
Enrique Mendoza ordena clausurar el Canal 8 (Canal público estadal, cortando la
principal señal de comunicación del Estado venezolano), la Guardia Nacional
allana las oficinas de Venpres (Agencia estatal de Noticias); grupos armados
(de la Alcaldía opositora de Alfredo Peña) irrumpe, allanan y cierran la
televisora Catia TV y la Radio Perola, todo lo cual constituyen flagrantes y
gravísimas violaciones de los derechos de Libertad de Expresión y de
Información, que son totalmente silenciados por RCTV.
Otros hechos
que fueron (o son) censurados explícitamente por RCTV:
1. interfieren y desaparecen del
aire la cadena informativa del Presidente Chávez que comienza el 11 de abril a
las 3:45 pm. facilitando así el Golpe de Estado;
2.Censura de denuncia del golpe
hecha por el Fiscal General Isaías Rodríguez. Según este los medios se hicieron
cómplices del Golpe de Estado al no denunciar oportunamente los hechos que
ocurrían durante la Dictadura;.
2. Censura de la declaración
constitucionalista del General Baduel;
3. Censura de las manifestaciones
populares a favor del retorno del Presidente (a pesar de que explícitamente la
gente lo exigía) y de los pronunciamientos de las Fuerzas Armadas a favor de la
Constitución.
4. Censura todo contenido adverso al
Golpe de estado el 12 de Abril. Censuran cualquier actividad de los simpatizantes
del Presidente Chávez, prohibiendo la declaración de éstos en pantalla, lo que
obliga a la renuncia del Gerente de Producción del noticiero de RCTV, El
Observador, el cual es así mismo vetado. Los gremios de comunicadores (Colegio
Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa) no
solo no lo defendieron, lo rechazaron.
5. Censura de comunicadores que son
despedidos o vetados por el Canal RCTV al no alinearse con su Línea Editorial
antigubernamental, frente a lo cual los organismos gremiales nunca se
pronuncian.
6. Los 18 mil miembros del Sindicato
de Trabajadores de la Televisión (integrados desde Septiembre de 2004 a la
Unión Nacional de Trabajadores bolivariana) no reciben ninguna cobertura en
RCTV. RCTV expresa la opinión de sus dueños, no de sus trabajadores, violando
así los arts. 57 y 58 de la Constitución, y el art. 15 del Código de Ética del
Periodista Venezolano.
h) Toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes
libremente escogidos. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del
poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Los
Directivos de la Empresa 1 BC, propietarios de RCTV, no sólo nunca
condenan el Golpe de Estado, sino que hasta se reúnen con el Dictador Pedro
Carmona para darle su apoyo. Como testimonia José Gregorio Vásquez,
viceministro de la Secretaría del Gobierno de Carmona Estanca, el día
13-04-2002, luego del Golpe de Estado) alrededor de las 12 pm. El Sr. Marcel
Granier (Presidente de 1 BC) se reunió con Pedro Carmona Estanca, en calidad de
vocero de los medios venezolanos. Esto nunca ha podido ser desmentido. El papel
de RCTV fue el de legitimar el Golpe de Estado, cosa que hicieron antes,
durante y después del mismo.
Esta censura
del RCTV contra comunicadores no es nueva: en estos tiempos en que se vence la
concesión otorgada por el Estado para que dicha televisora opere, el Canal ha
pretendido recuperar personajes importantes de la Televisión venezolana, que
pretendidamente ayudaron a construir la Dignidad Patrimonial del mismo, como el
Locutor Renny Ottolina. Sin embargo, fue precisamente la Dignidad Moral (más
que patrimonial) de dicho locutor y productor independiente de TV la que fue
censurada violentamente, y que él mismo denunció públicamente en su último
Programa de Televisión.
La lista de
violaciones es más extensa, pero como es doctrina de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (y jurisprudencia de la Corte Interamericana) con una sola
violación basta para decidir. Existirá quien cuestione el carácter de un
Empresa privada de Televisión como responsable de la violación de los Derechos
Humanos. Quien así lo sostenga habrá que recordarle que uno de los Principios
consagrados en la Cumbre de Derechos Humanos celebrada en Viena es precisamente
el de la Progresividad, lo cual supone que los conceptos se adecuan a las
nuevas realidades de existencia de Entidades con el Poder suficiente para
lesionar la Dignidad de las personas. De hecho, además del caso mencionado de
Ruanda, ya se han adelantado en nuestro Continente Americano acciones
judiciales contra Empresas por violación de los Derechos Humanos
Pero aún,
suponiendo que esto no sea posible, de conformidad con un concepto clásico
(quizás ya superado por las actuales realidades sociopolíticas y económicas de
América y el Mundo) de los Derechos Humanos, la responsabilidad de garantizar
los Derechos Humanos permanente en los Estados y Gobiernos. En ese sentido, el
Gobierno no está facultado para permitir la violación de las disposiciones
legales relativas a Derechos Humanos, y en particular, a la Libertad de
Expresión de la ciudadanía venezolana. En consecuencia, el Estado venezolano,
como responsable en materia de Derechos Humanos y garante de la Libertad de
Expresión (de conformidad con sus obligaciones internacionales en dicha materia),
no puede permitir la continuación de dicha práctica lesiva de la Dignidad
Humana.
RCTV (y
otros Medios de Difusión masiva) abusaron del Derecho a la Libertad de
Expresión y de Información cuando se suma a la unánime ofensiva contra el
Presidente Chávez, que luego se torna llamamiento al golpe de estado o al
magnicidio, como tema esencial de la oposición mediática. Sin embargo, ningún
medio fue jamás clausurado, censurado ni suspendido a pesar de sus cotidianas
campañas de injurias, falsedades y llamamientos a la sublevación; realidad que
incluso hasta Marta Colomina (una conocida opositora del Gobierno del
Presidente Chávez) llegó a admitir públicamente, al decir
que:"Afortunadamente en Venezuela, independientemente de la tendencia
autoritaria del discurso -no del hacer- del Presidente Chávez, tenemos que
decir que hay absoluta libertad de expresión".
Los medios
abusaron de la libertad de expresión y se excedieron en el ejercicio de este
derecho (cosa que hasta organizaciones venezolanas de Derechos Humanos
independientes han reconocido)30.
Para
concluir, queda demostrado por todos los argumentos anteriores que:
a) Que ningún grupo o persona (o
empresa o dueño de ella) puede utilizar algún Medio para atentar contra la
Dignidad Humana;
b) Que en ningún caso se puede
querer hacer valer un derecho (pretendidamente propio) en detrimento de los
derechos de los demás;
c) Que los derechos que puedan
ejercerse no son absolutos, pues pueden existir limitaciones legales para su
ejercicio, en aras de garantizar la Dignidad Humana.
Según la
Jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos, las autoridades
nacionales están mejor situadas para determinar las necesidades y los riesgos
existentes, a fin de establecer las medidas oportunas y eficaces para el mejor
cumplimiento de sus compromisos internacionales.
Por lo
tanto, en este caso, en ejercicio de sus facultades legales y para garantizar
la plena Libertad de Expresión y de Información para toda la población
venezolana, el Estado venezolano está facultado para discrecionalmente revocar
la concesión otorgada a la Empresa 1BC, porque ésta utilizó la frecuencia - a
través del Canal de Televisión RCTV- otorgada por el mismo Estado, para
promover y permitir la promoción de múltiples y continuadas violaciones de los
Derechos Humanos.
La libertad
de expresión es de todos, no de una empresa.
Diferentes reacciones
se hicieron sentir y aun se expresan pues Venezuela quedo marcado bajo el ojo
de la lupa Internacional por los abusos de
censura comunicacional y las violaciones constantes a la libertad de expresión
y a la libre prensa; Desde la salida del aire de RCTV son innumerables las
denuncias y notificaciones a demás de notas de prensas y comunicados oficiales
expresados en diferentes países, otorgando y defendiendo la postura de los
afectados y beneficiados.
ABC (España)
ofreció el siguiente editorial. Con el cierre de la emisora Radio Caracas
Televisión, se consuma en Venezuela uno de los pasos más graves que podía dar
el régimen chavista para transformarse en una dictadura que, de forma
progresiva e imparable, se apropia de todas las instituciones, crea un partido
único, centraliza la economía, poniéndola principalmente en manos del Ejercito
y, finalmente, empieza a eliminar las voces críticas y confisca burdamente los
medios técnicos que son propiedad de la emisora clausurada para ponerlos al
servicio de la propaganda oficial. Es evidente que lo que está construyendo
Hugo Chávez en Venezuela difícilmente se puede llamar democracia.
Los
periodistas y medios de comunicación venezolanos harían bien en tener en cuenta
la lección que se desprende de lo que ha sucedido con Radio Caracas Televisión.
Algunos que todavía guarden cierta simpatía con el régimen pensarán que están a
salvo mientras mantengan su actitud de sumisión hacia el presidente, pero
cerrar una emisora es como cerrar todas, porque si al poder personal de Chávez
se le permite hacerlo una vez, lo hará sin dudar cuantas veces lo considere
necesario, como saben muy bien los trabajadores y directivos de la emisora
Globovision, compañía que ya ha sido señalada como el próximo objetivo del
régimen. A lo largo de la historia abundan los ejemplos de cuán pernicioso
puede ser no rebelarse cuando los que sufren los abusos de una tiranía son
otros, porque aquéllos que hoy prefieran callar no hacen sino abrir las puertas
para ser las víctimas mañana.
Por tratarse
de una decisión extremadamente grave, el cierre de la emisora va a tener
consecuencias no menos traumáticas en los terrenos político y diplomático. De
hacer caso a las bravatas de Hugo Chávez, la crisis puede llegar a desembocar
en la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA). No
solamente no es capaz de soportar la crítica, sino que Chávez está decidido a
llevar a su país a una situación de tensión externa, escenario favorito de las
dictaduras para no tener que justificar sus propios errores. Al provocar un
estado de excepción permanente del que pueda culpar a fuerzas exteriores,
Chávez se ahorra tener que dar cuenta de los cientos de miles de millones de
euros que han pasado por sus manos en los últimos siete años, y con los que ha
hecho y deshecho a su antojo, sin que por ello haya mejorado la situación de
los venezolanos, sino todo lo contrario.
Con esta
decisión -sobre la que ya no importa lo que les quede por decir a los
tribunales, que hace tiempo que fueron corrompidos por el chavismo-, el máximo
dirigente venezolano ha dado un paso definitivo y muy probablemente
irreversible en su evolución política. El camino por el que está llevando a
Venezuela no conduce a ninguna parte, puesto que no hay ya lugar para las
dictaduras en el mundo civilizado, por más petrodólares que puedan tener.
El Mercurio
(Chile) expreso a Marcel Granier, director
general de Radio Caracas Televisión una nota de Prensa el día Domingo 27 de
Mayo. Hasta que llegó el día fatal. A la
medianoche de hoy, Radio Caracas Televisión (RCTV), la estación privada a la
que el gobierno de Hugo Chávez no renovó la concesión de la señal de transmisión,
dejará de funcionar, tras 53 años en el aire.
Y, además, les tenían preparadas algunas sorpresas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió el viernes en la noche que RCTV debe entregar al Estado, en forma temporal, su infraestructura tecnológica, y ponerla a disposición de la Televisora Venezolana Social (Tves), el nuevo canal oficialista que ocupará la frecuencia de RCTV.
"Esto es algo insólito. Estamos ante un caso de manipulación de la justicia, de desviación de poder tan evidente, que me imagino que en los tribunales internacionales esto va a pesar", señala a "El Mercurio" Marcel Granier, director general de RCTV.
El Tribunal Supremo especificó que RCTV mantiene la propiedad de los equipos, es decir, no es expropiación. "Claro que no es una expropiación, porque cuando esto ocurre, hay compensaciones, y aquí no ha habido compensación de ningún tipo. Que la infraestructura de RCTV pase al Estado es pura y simplemente un atropello", acota Granier, yerno de William H. Phelps, fundador de la estación.
Chávez aseguró ayer que hay planes para sabotear la nueva estación oficialista. El Presidente ha acusado a RCTV de golpista por no informar durante el fallido golpe de Estado en su contra en abril de 2002. Granier ha dicho que con medidas como ésta, el único golpista es el propio Chávez.
Para el empresario, el dictamen judicial es una discriminación expresamente prohibida en la Constitución. "Hoy (ayer) acaba de salir también sorpresivamente la renovación con extensión de concesión de otros dos canales: Venevisión y Venezolana de Televisión, de manera que a uno se le da un trato y a otro en idéntica situación se le da otro trato, discriminatorio".
Nada menos que a la Fuerza Armada Nacional se le encomendó la custodia de las instalaciones de RCTV, proceso que Granier acusa comenzó el mismo viernes en la noche, tras conocerse la resolución. "Se ve que tenían todo coordinado, había una sincronización entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder militar", revela el empresario. Estima que la inclusión de militares es algo preocupante, y ante la posibilidad de que derive en enfrentamientos, ordenaron a sus empleados no oponer resistencia.
"Estamos tratando de buscar fórmulas de que se levanten inventarios de todas las instalaciones, porque son bienes de propiedad privada, que en una medida que nadie entiende, se las están entregando a otra persona que no tiene ningún derecho sobre ellas, y todo esto sin ninguna compensación de ninguna especie", reclama Granier.
Según el Tribunal Supremo, su decisión estuvo motivada en un recurso de amparo solicitado por comités de usuarios de televisión, después de que el ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, indicara que en un primer momento el nuevo canal público se vería sólo en Caracas y Maracaibo. "Son argucias legales que no están contempladas en las leyes, decididas de manera absolutamente irregular y en obvia coordinación con el Poder Ejecutivo", dice Granier. Tampoco se especificó por cuánto tiempo el Estado controlará las instalaciones.
Los últimos días la justicia venezolana ha rechazado recursos interpuestos por la televisora, pero en RCTV aún aguardan con confianza un pronunciamiento: el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que recibió la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Como sucedió anoche (viernes), aún no hemos podido notificar a la Corte y a la Comisión de los últimos acontecimientos, pero lo haremos".
Faltan horas para que RCTV deje de transmitir, y Granier lanza un llamado: "Lo que queda es que el Presidente recapacite, que se percate que éste es un acto que cuenta con el repudio total del país, de la comunidad democrática internacional, que a la larga le hará muchísimo daño al país, y a él mismo, que marca un giro hacia un gobierno arbitrario, abusador, concentrador de poderes y todavía está a tiempo, queda un día y medio (ayer)".
Muchas instituciones venezolanas y extranjeras han pedido al gobierno que recapacite, dice Granier. "Han solicitado entrevistas y reuniones que él ha negado. Espero que estas próximas horas recapacite (Chávez) sobre esta intolerancia, arbitrariedad y el abuso que ha mostrado en este caso, y corrija la medida".
Miles de personas participaron ayer en una marcha en Caracas a favor de RCTV. La manifestación, que transcurrió sin incidentes, concluyó ante la sede de la televisora, donde directivos, periodistas, actores, en su mayoría de esa cadena, se dirigieron a la multitud para expresar su protesta ante el cese de la concesión al canal más antiguo de Venezuela, informó EFE.
Con gritos de "Libertad, libertad" y consignas contra la decisión del gobierno por considerarla una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión, los manifestantes recorrieron unos 3 kilómetros en una marcha transmitida en directo por RCTV y Globovisión. La protesta fue convocada por los principales partidos opositores a Hugo Chávez.
Salida del aire de televisora refuerza el poder mediático de Hugo Chávez en Venezuela. Cuando a la medianoche de hoy la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV) sea sacada del aire por el Gobierno de Hugo Chávez, el Mandatario venezolano verá consolidado el poder mediático de su gobierno y habrá logrado un efecto intimidador en el resto de los actores informativos que se oponen a su revolución socialista.
Con RCTV fuera de carrera, bajo las acusaciones de golpista y de querer desestabilizar al gobierno, de los cuatro canales de señal abierta y cobertura nacional, dos pertenecerán al Estado: Televisora Venezolana Social (Tves), la que reemplazará a partir de esta medianoche a RCTV, y Venezolana de Televisión.
En Venezuela, los canales del Estado no se parecen a lo que es TVN en Chile. Los expertos afirman que son canales gubernamentales con una programación en la que abiertamente no hay posibilidad de que alguien opositor siquiera sea entrevistado.
La estatal Venezolana de Televisión se ha "repotenciado", y han surgido nuevos medios oficiales como VIVE, un canal que se define como cultural y educativo, o ANTV, el canal de la Asamblea Nacional, cuyos parlamentarios son todos oficialistas. Además, se creó Telesur, canal de información internacional en el que el gobierno de Venezuela tiene la participación mayoritaria.
Las otras dos estaciones de cobertura nacional, Venevisión y Televen, son privadas, y hasta hace un par de años mostraron una línea crítica hacia Chávez. Pero la situación cambió después de que Chávez superara un referéndum revocatorio en agosto de 2004. Periodistas muy identificados con la oposición salieron de esos medios y algunos redujeron sus espacios de opinión, sustituyéndolos por informativos menos "editorializados".
"Venevisión y Televen pasaron de ser medios muy críticos con el gobierno, a tener una posición editorialmente más favorable. Incluso hay un estudio que hizo la Unión Europea a fines de 2006 que demuestra que más del 60% de la programación de estos dos canales es con información favorable al gobierno", afirma a "El Mercurio" Andrés Cañizales, del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.
Según ha señalado el propio Marcel Granier, director general de RCTV, Gustavo Cisneros, su concuñado y dueño de Venevisión, abandonó la confrontación luego de una reunión con Chávez. Con este escenario, del lado de la oposición sólo quedará Globovisión, canal de noticias durante las 24 horas. Sin embargo, en señal abierta ésta sólo llega a Caracas y a la cercana Valencia.
"RCTV llega al 94% de la población del país, mientras que Globovisión tiene una influencia muy reducida. El lunes, muchas poblaciones de Venezuela van a poder acceder sólo a canales del Estado. Eso no se va a sentir tanto en las grandes ciudades, ya que tienen la opción del cable e Internet, pero en los sectores más pobres del país y en los que están fuera de las grandes ciudades va a ser un tema muy crucial la pérdida de opciones informativas distintas a la gubernamental", agrega Cañizales.
Una opción que estudia RCTV es la de que su señal se incluya en la parrilla de las cadenas de televisión por cable. Pero aunque haga eso, RCTV perdería más de la mitad de su audiencia. Mientras la penetración de la televisión abierta en Venezuela es de un 95,2%, la televisión por cable sólo llega a un 21,34% de la población. Aunque la encuestadora Datanálisis afirma que esta cifra aumenta a 40,8% si se consideran los hogares que se "cuelgan" de la señal.
Los expertos señalan que, pese a la impopularidad de la medida (cerca del 70% de los venezolanos rechaza el "cierre" de RCTV), Chávez ha decidido asumir un considerable riesgo político para dar un golpe de efecto que amedrente a los medios que pretendan convertirse en un bastión de la oposición. Se les advierte a los medios audiovisuales que la crítica se paga con la suspensión de la concesión.
Con las señales televisivas bajo control, las críticas a Chávez sólo verán la luz a través de la prensa escrita y las radios. Según Luis Vicente León, socio director de Datanálisis, "la parrilla de radios y prensa escrita es claramente opositora, y Chávez tiene mucho menos margen de maniobra en ese sentido. La radio en Venezuela tiene una penetración de un 90%. Claro que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por controlar las señales de radio y ha hecho inversiones importantes. Tomó algunas radios que fueron quebradas en el pasado y ha desarrollado proyectos de emisoras comunales".
La prensa escrita, por razones culturales, tiene menos influencia en la población general. "La lectoría de periódicos no es mayor al 20%", afirma León, cuya conclusión es clara: "Lo que tú estás perdiendo con la salida del aire de RCTV no se gana con ningún otro medio". "Espero que durante estas próximas horas el Presidente Chávez recapacite sobre esta intolerancia, arbitrariedad y el abuso que ha mostrado en el cierre de RCTV, y corrija la medida".
"La decisión del Tribunal Supremo de Justicia no es una expropiación, porque cuando hay expropiación también hay compensaciones, y en este caso no ha habido compensación de ningún tipo".
Y, además, les tenían preparadas algunas sorpresas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió el viernes en la noche que RCTV debe entregar al Estado, en forma temporal, su infraestructura tecnológica, y ponerla a disposición de la Televisora Venezolana Social (Tves), el nuevo canal oficialista que ocupará la frecuencia de RCTV.
"Esto es algo insólito. Estamos ante un caso de manipulación de la justicia, de desviación de poder tan evidente, que me imagino que en los tribunales internacionales esto va a pesar", señala a "El Mercurio" Marcel Granier, director general de RCTV.
El Tribunal Supremo especificó que RCTV mantiene la propiedad de los equipos, es decir, no es expropiación. "Claro que no es una expropiación, porque cuando esto ocurre, hay compensaciones, y aquí no ha habido compensación de ningún tipo. Que la infraestructura de RCTV pase al Estado es pura y simplemente un atropello", acota Granier, yerno de William H. Phelps, fundador de la estación.
Chávez aseguró ayer que hay planes para sabotear la nueva estación oficialista. El Presidente ha acusado a RCTV de golpista por no informar durante el fallido golpe de Estado en su contra en abril de 2002. Granier ha dicho que con medidas como ésta, el único golpista es el propio Chávez.
Para el empresario, el dictamen judicial es una discriminación expresamente prohibida en la Constitución. "Hoy (ayer) acaba de salir también sorpresivamente la renovación con extensión de concesión de otros dos canales: Venevisión y Venezolana de Televisión, de manera que a uno se le da un trato y a otro en idéntica situación se le da otro trato, discriminatorio".
Nada menos que a la Fuerza Armada Nacional se le encomendó la custodia de las instalaciones de RCTV, proceso que Granier acusa comenzó el mismo viernes en la noche, tras conocerse la resolución. "Se ve que tenían todo coordinado, había una sincronización entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder militar", revela el empresario. Estima que la inclusión de militares es algo preocupante, y ante la posibilidad de que derive en enfrentamientos, ordenaron a sus empleados no oponer resistencia.
"Estamos tratando de buscar fórmulas de que se levanten inventarios de todas las instalaciones, porque son bienes de propiedad privada, que en una medida que nadie entiende, se las están entregando a otra persona que no tiene ningún derecho sobre ellas, y todo esto sin ninguna compensación de ninguna especie", reclama Granier.
Según el Tribunal Supremo, su decisión estuvo motivada en un recurso de amparo solicitado por comités de usuarios de televisión, después de que el ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, indicara que en un primer momento el nuevo canal público se vería sólo en Caracas y Maracaibo. "Son argucias legales que no están contempladas en las leyes, decididas de manera absolutamente irregular y en obvia coordinación con el Poder Ejecutivo", dice Granier. Tampoco se especificó por cuánto tiempo el Estado controlará las instalaciones.
Los últimos días la justicia venezolana ha rechazado recursos interpuestos por la televisora, pero en RCTV aún aguardan con confianza un pronunciamiento: el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que recibió la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Como sucedió anoche (viernes), aún no hemos podido notificar a la Corte y a la Comisión de los últimos acontecimientos, pero lo haremos".
Faltan horas para que RCTV deje de transmitir, y Granier lanza un llamado: "Lo que queda es que el Presidente recapacite, que se percate que éste es un acto que cuenta con el repudio total del país, de la comunidad democrática internacional, que a la larga le hará muchísimo daño al país, y a él mismo, que marca un giro hacia un gobierno arbitrario, abusador, concentrador de poderes y todavía está a tiempo, queda un día y medio (ayer)".
Muchas instituciones venezolanas y extranjeras han pedido al gobierno que recapacite, dice Granier. "Han solicitado entrevistas y reuniones que él ha negado. Espero que estas próximas horas recapacite (Chávez) sobre esta intolerancia, arbitrariedad y el abuso que ha mostrado en este caso, y corrija la medida".
Miles de personas participaron ayer en una marcha en Caracas a favor de RCTV. La manifestación, que transcurrió sin incidentes, concluyó ante la sede de la televisora, donde directivos, periodistas, actores, en su mayoría de esa cadena, se dirigieron a la multitud para expresar su protesta ante el cese de la concesión al canal más antiguo de Venezuela, informó EFE.
Con gritos de "Libertad, libertad" y consignas contra la decisión del gobierno por considerarla una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión, los manifestantes recorrieron unos 3 kilómetros en una marcha transmitida en directo por RCTV y Globovisión. La protesta fue convocada por los principales partidos opositores a Hugo Chávez.
Salida del aire de televisora refuerza el poder mediático de Hugo Chávez en Venezuela. Cuando a la medianoche de hoy la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV) sea sacada del aire por el Gobierno de Hugo Chávez, el Mandatario venezolano verá consolidado el poder mediático de su gobierno y habrá logrado un efecto intimidador en el resto de los actores informativos que se oponen a su revolución socialista.
Con RCTV fuera de carrera, bajo las acusaciones de golpista y de querer desestabilizar al gobierno, de los cuatro canales de señal abierta y cobertura nacional, dos pertenecerán al Estado: Televisora Venezolana Social (Tves), la que reemplazará a partir de esta medianoche a RCTV, y Venezolana de Televisión.
En Venezuela, los canales del Estado no se parecen a lo que es TVN en Chile. Los expertos afirman que son canales gubernamentales con una programación en la que abiertamente no hay posibilidad de que alguien opositor siquiera sea entrevistado.
La estatal Venezolana de Televisión se ha "repotenciado", y han surgido nuevos medios oficiales como VIVE, un canal que se define como cultural y educativo, o ANTV, el canal de la Asamblea Nacional, cuyos parlamentarios son todos oficialistas. Además, se creó Telesur, canal de información internacional en el que el gobierno de Venezuela tiene la participación mayoritaria.
Las otras dos estaciones de cobertura nacional, Venevisión y Televen, son privadas, y hasta hace un par de años mostraron una línea crítica hacia Chávez. Pero la situación cambió después de que Chávez superara un referéndum revocatorio en agosto de 2004. Periodistas muy identificados con la oposición salieron de esos medios y algunos redujeron sus espacios de opinión, sustituyéndolos por informativos menos "editorializados".
"Venevisión y Televen pasaron de ser medios muy críticos con el gobierno, a tener una posición editorialmente más favorable. Incluso hay un estudio que hizo la Unión Europea a fines de 2006 que demuestra que más del 60% de la programación de estos dos canales es con información favorable al gobierno", afirma a "El Mercurio" Andrés Cañizales, del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.
Según ha señalado el propio Marcel Granier, director general de RCTV, Gustavo Cisneros, su concuñado y dueño de Venevisión, abandonó la confrontación luego de una reunión con Chávez. Con este escenario, del lado de la oposición sólo quedará Globovisión, canal de noticias durante las 24 horas. Sin embargo, en señal abierta ésta sólo llega a Caracas y a la cercana Valencia.
"RCTV llega al 94% de la población del país, mientras que Globovisión tiene una influencia muy reducida. El lunes, muchas poblaciones de Venezuela van a poder acceder sólo a canales del Estado. Eso no se va a sentir tanto en las grandes ciudades, ya que tienen la opción del cable e Internet, pero en los sectores más pobres del país y en los que están fuera de las grandes ciudades va a ser un tema muy crucial la pérdida de opciones informativas distintas a la gubernamental", agrega Cañizales.
Una opción que estudia RCTV es la de que su señal se incluya en la parrilla de las cadenas de televisión por cable. Pero aunque haga eso, RCTV perdería más de la mitad de su audiencia. Mientras la penetración de la televisión abierta en Venezuela es de un 95,2%, la televisión por cable sólo llega a un 21,34% de la población. Aunque la encuestadora Datanálisis afirma que esta cifra aumenta a 40,8% si se consideran los hogares que se "cuelgan" de la señal.
Los expertos señalan que, pese a la impopularidad de la medida (cerca del 70% de los venezolanos rechaza el "cierre" de RCTV), Chávez ha decidido asumir un considerable riesgo político para dar un golpe de efecto que amedrente a los medios que pretendan convertirse en un bastión de la oposición. Se les advierte a los medios audiovisuales que la crítica se paga con la suspensión de la concesión.
Con las señales televisivas bajo control, las críticas a Chávez sólo verán la luz a través de la prensa escrita y las radios. Según Luis Vicente León, socio director de Datanálisis, "la parrilla de radios y prensa escrita es claramente opositora, y Chávez tiene mucho menos margen de maniobra en ese sentido. La radio en Venezuela tiene una penetración de un 90%. Claro que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por controlar las señales de radio y ha hecho inversiones importantes. Tomó algunas radios que fueron quebradas en el pasado y ha desarrollado proyectos de emisoras comunales".
La prensa escrita, por razones culturales, tiene menos influencia en la población general. "La lectoría de periódicos no es mayor al 20%", afirma León, cuya conclusión es clara: "Lo que tú estás perdiendo con la salida del aire de RCTV no se gana con ningún otro medio". "Espero que durante estas próximas horas el Presidente Chávez recapacite sobre esta intolerancia, arbitrariedad y el abuso que ha mostrado en el cierre de RCTV, y corrija la medida".
"La decisión del Tribunal Supremo de Justicia no es una expropiación, porque cuando hay expropiación también hay compensaciones, y en este caso no ha habido compensación de ningún tipo".
El Consejo
de la Prensa Peruana también intervino ante la situación y puntualizó que la
medida contraviene "los estipulados de la Declaración de principios sobre
la libertad de expresión e la Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Declaración de Chapultepec".
El Consejo
de la Prensa Peruana (CPP) calificó hoy como un "grave atentado"
contra la libertad de expresión la decisión del gobierno venezolano de
suspender las transmisiones del canal Radio Caracas Televisión (RCTV).
En un pronunciamiento público, el CPP recordó que la Declaración de Chapultepec establece que "el otorgamiento de frecuencia de radio y televisión no debe ser utilizado como mecanismo para presionar, castigar o privilegiar a los medios". La Declaración de Chapultepec, surgida de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en México en 1994, vincula el respeto a la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia.
El presidente peruano Alan García manifestó la víspera su absoluto respeto a la libertad de expresión y afirmó que en Perú "nunca" sucederá un caso similar al de RCTV, cuya concesión no fue renovada por el gobierno, por lo que dejará de transmitir esta medianoche.
La entidad peruana consideró que la negativa del régimen del presidente venezolano Hugo Chávez de renovar la concesión a RCTV, la principal estación televisora de ese país, "atropella el espíritu de pluralidad y libre intercambio de opiniones".
"Llamamos la atención sobre la arbitrariedad de la discriminatoria medida impuesta solamente contra RCTV, medio de comunicación abiertamente opositor al régimen" de Chávez, anotó el CPP. La institución peruana, que representa a los medios de prensa, televisión y radio de este país sudamericano, también consideró que el derecho de la libre expresión es una "condición sustancial de la democracia".
El CPP expresó "su adhesión a los esfuerzos que .realizan organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa ante la violación de la libertad de expresión en Venezuela". RCTV dejará de transmitir este domingo y su señal será asignada a una empresa de televisión social creada por el gobierno venezolano, el cual acusó al medio televisivo privado de "golpista" por su férrea oposición a la administración de Chávez.
En un pronunciamiento público, el CPP recordó que la Declaración de Chapultepec establece que "el otorgamiento de frecuencia de radio y televisión no debe ser utilizado como mecanismo para presionar, castigar o privilegiar a los medios". La Declaración de Chapultepec, surgida de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en México en 1994, vincula el respeto a la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia.
El presidente peruano Alan García manifestó la víspera su absoluto respeto a la libertad de expresión y afirmó que en Perú "nunca" sucederá un caso similar al de RCTV, cuya concesión no fue renovada por el gobierno, por lo que dejará de transmitir esta medianoche.
La entidad peruana consideró que la negativa del régimen del presidente venezolano Hugo Chávez de renovar la concesión a RCTV, la principal estación televisora de ese país, "atropella el espíritu de pluralidad y libre intercambio de opiniones".
"Llamamos la atención sobre la arbitrariedad de la discriminatoria medida impuesta solamente contra RCTV, medio de comunicación abiertamente opositor al régimen" de Chávez, anotó el CPP. La institución peruana, que representa a los medios de prensa, televisión y radio de este país sudamericano, también consideró que el derecho de la libre expresión es una "condición sustancial de la democracia".
El CPP expresó "su adhesión a los esfuerzos que .realizan organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa ante la violación de la libertad de expresión en Venezuela". RCTV dejará de transmitir este domingo y su señal será asignada a una empresa de televisión social creada por el gobierno venezolano, el cual acusó al medio televisivo privado de "golpista" por su férrea oposición a la administración de Chávez.
Desde Europa
y los Estados Unidos también llegaron comunicados expresos cuestionando las
decisiones del Presidente en ejercicio Hugo Chávez. Cuando faltan sólo dos días
para el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los canales de mayor
audiencia en Venezuela y opositor al régimen del presidente Hugo Chávez, ayer
se sucedieron las expresiones de condena por la medida, entre ellas, del
Parlamento Europeo y el Congreso norteamericano.
Chávez anunció en diciembre, tras su reelección, que no sería renovada la concesión a RCTV -el único canal opositor de televisión abierta de alcance nacional-, que vencía el 27 de mayo. La medida desató una serie de protestas en Venezuela y críticas en el exterior.
El Parlamento Europeo (PE) emitió ayer una resolución que considera que el hecho de no renovar la licencia constituye "un precedente alarmante de cara a la libertad de expresión [en Venezuela] y priva al público de una información pluralista". Sin embargo, muchos consideraron que la del PE fue una resolución "pálida". A la sesión sólo asistieron 65 de los 785 miembros, y la resolución no exige la "continuidad de las transmisiones de RCTV", como sí lo hacía el proyecto original. En tal sentido, la organización Reporteros Sin Fronteras lamentó que el debate previo a la resolución el PE no hubiera permitido iniciar un diálogo con las autoridades venezolanas, "sordas a los llamamientos de la comunidad internacional". El gobierno venezolano rechazó inmediatamente la resolución del PE y aseguró que su decisión es "irreversible", según declaró el ministro de Información Willian Lara.
En Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado también aprobó ayer por unanimidad una resolución que califica de "transgresión contra las libertades de pensamiento y expresión la decisión del gobierno venezolano, que fue tomada por el solo hecho, señaló, de que la emisora tiene una línea editorial distinta de la oficial.
Por su parte, el escritor peruano Mario Vargas Llosa señaló que el cierre de RCTV es un paso más en el camino a "acabar con la libertad de expresión y la diversidad" de información en Venezuela, en una entrevista concedida a Globovisión, canal de menor alcance que RCTV y que a partir del domingo será la única televisora opositora del país.
El director general de RCTV, Marcel Granier, dijo: "Si se consuma la decisión del gobierno, Venezuela entrará en una etapa totalitaria de abuso, de atropello y de arbitrariedad". En tanto, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) envió una carta a Chávez en la que lo urge a renovar la licencia del canal y expresó su "profunda preocupación" por el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión.
"Los grandes medios mundiales, esa dictadura mediática, han convertido un simple hecho de soberanía en una batalla internacional", afirmó ayer Chávez durante una jornada de apoyo organizada por el canal multiestatal Telesur, con la participación de intelectuales extranjeros afines al chavismo.
RCTV será reemplazada por TVes, un canal montado en las últimas semanas por el Ministerio de Comunicación que será "de servicio público". Venezuela quedará entonces con cuatro emisoras de alcance nacional en televisión abierta: la estatal Venezolana de Televisión, identificada con el chavismo, la nueva TVes, y las privadas Venevisión y Televen. Globovisión quedará como única televisora opositora.
Chávez anunció en diciembre, tras su reelección, que no sería renovada la concesión a RCTV -el único canal opositor de televisión abierta de alcance nacional-, que vencía el 27 de mayo. La medida desató una serie de protestas en Venezuela y críticas en el exterior.
El Parlamento Europeo (PE) emitió ayer una resolución que considera que el hecho de no renovar la licencia constituye "un precedente alarmante de cara a la libertad de expresión [en Venezuela] y priva al público de una información pluralista". Sin embargo, muchos consideraron que la del PE fue una resolución "pálida". A la sesión sólo asistieron 65 de los 785 miembros, y la resolución no exige la "continuidad de las transmisiones de RCTV", como sí lo hacía el proyecto original. En tal sentido, la organización Reporteros Sin Fronteras lamentó que el debate previo a la resolución el PE no hubiera permitido iniciar un diálogo con las autoridades venezolanas, "sordas a los llamamientos de la comunidad internacional". El gobierno venezolano rechazó inmediatamente la resolución del PE y aseguró que su decisión es "irreversible", según declaró el ministro de Información Willian Lara.
En Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado también aprobó ayer por unanimidad una resolución que califica de "transgresión contra las libertades de pensamiento y expresión la decisión del gobierno venezolano, que fue tomada por el solo hecho, señaló, de que la emisora tiene una línea editorial distinta de la oficial.
Por su parte, el escritor peruano Mario Vargas Llosa señaló que el cierre de RCTV es un paso más en el camino a "acabar con la libertad de expresión y la diversidad" de información en Venezuela, en una entrevista concedida a Globovisión, canal de menor alcance que RCTV y que a partir del domingo será la única televisora opositora del país.
El director general de RCTV, Marcel Granier, dijo: "Si se consuma la decisión del gobierno, Venezuela entrará en una etapa totalitaria de abuso, de atropello y de arbitrariedad". En tanto, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) envió una carta a Chávez en la que lo urge a renovar la licencia del canal y expresó su "profunda preocupación" por el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión.
"Los grandes medios mundiales, esa dictadura mediática, han convertido un simple hecho de soberanía en una batalla internacional", afirmó ayer Chávez durante una jornada de apoyo organizada por el canal multiestatal Telesur, con la participación de intelectuales extranjeros afines al chavismo.
RCTV será reemplazada por TVes, un canal montado en las últimas semanas por el Ministerio de Comunicación que será "de servicio público". Venezuela quedará entonces con cuatro emisoras de alcance nacional en televisión abierta: la estatal Venezolana de Televisión, identificada con el chavismo, la nueva TVes, y las privadas Venevisión y Televen. Globovisión quedará como única televisora opositora.
La Sociedad Interamericana de Prensa se
Solidarizo Con RCTV y también expreso sus palabras. Hugo Chávez se burla de
voces que apoyan a canal RCTV
La SIP enviará este fin de semana a su plana mayor a Venezuela con el canal, cuya licencia ha sido revocada por el gobierno, según dijo el organismo el viernes en un comunicado.
''La SIP considera que la revocatoria de la licencia a RCTV es una represalia contra una voz crítica que le estorba al gobierno'', señaló el comunicado. Esta será la novena misión de la SIP en Venezuela desde 1999. El organismo ha hecho numerosas denuncias de violaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Hugo Chávez.
El gobierno decidió no renovar la licencia de RCTV para las transmisiones en señal abierta, la cual vence el lunes próximo. Las autoridades gubernamentales aseguran que la decisión no viola la libertad de expresión. La oposición, sin embargo, la considera una represalia por la actitud contestataria del canal.
La delegación de la SIP estará integrada por su presidente Rafael Molina, de El Día de República Dominicana; el presidente de su Comisión de Libertad de Prensa e Información Gonzalo Marroquín, de Prensa Libre de Guatemala; Alejandro Miró Quesada, de El Comercio de Perú; el director ejecutivo del organismo Julio E. Muñoz y el director de Libertad de Prensa Ricardo Trotti. Quienes tienen sede en New York.
La SIP enviará este fin de semana a su plana mayor a Venezuela con el canal, cuya licencia ha sido revocada por el gobierno, según dijo el organismo el viernes en un comunicado.
''La SIP considera que la revocatoria de la licencia a RCTV es una represalia contra una voz crítica que le estorba al gobierno'', señaló el comunicado. Esta será la novena misión de la SIP en Venezuela desde 1999. El organismo ha hecho numerosas denuncias de violaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Hugo Chávez.
El gobierno decidió no renovar la licencia de RCTV para las transmisiones en señal abierta, la cual vence el lunes próximo. Las autoridades gubernamentales aseguran que la decisión no viola la libertad de expresión. La oposición, sin embargo, la considera una represalia por la actitud contestataria del canal.
La delegación de la SIP estará integrada por su presidente Rafael Molina, de El Día de República Dominicana; el presidente de su Comisión de Libertad de Prensa e Información Gonzalo Marroquín, de Prensa Libre de Guatemala; Alejandro Miró Quesada, de El Comercio de Perú; el director ejecutivo del organismo Julio E. Muñoz y el director de Libertad de Prensa Ricardo Trotti. Quienes tienen sede en New York.
Pero no solo
fuera de nuestras Fronteras se sintió el apoyo por esta mordaza
inconstitucional, en los barrios más humildes de Caracas la tensión no era
normal y se hizo sentir en un reportaje de un medio local.
¡Mamá, ya
empezó!”, grita uno de sus hijos. Son las 21:00 y Adelaida deja para después el
secado de las ollas y platos. Velozmente se une a ellos frente al televisor
para disfrutar de su telenovela favorita: ‘Mi prima Ciela’.
Parece inminente que el ama de casa, que se gana la vida vendiendo comestibles en su hogar, en una barriada pobre del oriente del país, nunca verá el final de esa telenovela, pero prefiere no pensar en eso. “Es un poco loco, veo mi novela, aunque sé que a partir del 28 (de mayo) es casi seguro que no la vea más”, dice Adelaida del Carmen, de 49 años, quien no tiene suficiente dinero para pagar un servicio de televisión por suscripción.
“Cuando el presidente Hugo Chávez saque (del aire) a RCTV solo me va a quedar ver Televen, porque aquí en la vereda hay muy poca señal y los demás canales casi no se ven”, agrega. Ahora hay dudas que la programación de RCTV podrá seguirse viendo a través del servicio por suscripción. Las telenovelas, por su parte, está previsto que se sigan grabando, ya que fueron comercializadas en el exterior.
Chávez ha acusado a los propietarios de RCTV de actividades subversivas en contra de su gobierno y citó el “golpismo” como un elemento importante en la decisión de su administración de no renovar la licencia de transmisión de la televisora.
Chávez acusa a las televisoras privadas de haber apoyado el breve golpe de Estado del 2002 al transmitir dibujos animados y películas en lugar de las demostraciones de apoyo hacia él. Como Adelaida, son millones los venezolanos que temen que en breve se verán reducidas sus alternativas de entretenimiento e información debido a la decisión de sacar del aire a RCTV.
“Vamos a ver qué van a hacer con la señal del canal 2. Dicen que tendrá una buena programación. Yo no lo creo”, comenta Julio Pérez, quien maneja un taxi. “Vamos a tener que acostumbrarnos a ver a Chávez todos los días, horas y horas”, remata. Una reciente encuesta de la firma Datanálisis reveló que el 70 por ciento de los venezolanos siente “abierto rechazo” a la acción contra RCTV.
El Comité de RR.EE. del Senado de EE.UU. aprobó, por unanimidad, una resolución que califica como “transgresión contra las libertades de pensamiento y expresión” la decisión del Gobierno venezolano sobre RCTV. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que censura la medida del Régimen de Caracas sobre el canal RCTV.
Parece inminente que el ama de casa, que se gana la vida vendiendo comestibles en su hogar, en una barriada pobre del oriente del país, nunca verá el final de esa telenovela, pero prefiere no pensar en eso. “Es un poco loco, veo mi novela, aunque sé que a partir del 28 (de mayo) es casi seguro que no la vea más”, dice Adelaida del Carmen, de 49 años, quien no tiene suficiente dinero para pagar un servicio de televisión por suscripción.
“Cuando el presidente Hugo Chávez saque (del aire) a RCTV solo me va a quedar ver Televen, porque aquí en la vereda hay muy poca señal y los demás canales casi no se ven”, agrega. Ahora hay dudas que la programación de RCTV podrá seguirse viendo a través del servicio por suscripción. Las telenovelas, por su parte, está previsto que se sigan grabando, ya que fueron comercializadas en el exterior.
Chávez ha acusado a los propietarios de RCTV de actividades subversivas en contra de su gobierno y citó el “golpismo” como un elemento importante en la decisión de su administración de no renovar la licencia de transmisión de la televisora.
Chávez acusa a las televisoras privadas de haber apoyado el breve golpe de Estado del 2002 al transmitir dibujos animados y películas en lugar de las demostraciones de apoyo hacia él. Como Adelaida, son millones los venezolanos que temen que en breve se verán reducidas sus alternativas de entretenimiento e información debido a la decisión de sacar del aire a RCTV.
“Vamos a ver qué van a hacer con la señal del canal 2. Dicen que tendrá una buena programación. Yo no lo creo”, comenta Julio Pérez, quien maneja un taxi. “Vamos a tener que acostumbrarnos a ver a Chávez todos los días, horas y horas”, remata. Una reciente encuesta de la firma Datanálisis reveló que el 70 por ciento de los venezolanos siente “abierto rechazo” a la acción contra RCTV.
El Comité de RR.EE. del Senado de EE.UU. aprobó, por unanimidad, una resolución que califica como “transgresión contra las libertades de pensamiento y expresión” la decisión del Gobierno venezolano sobre RCTV. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que censura la medida del Régimen de Caracas sobre el canal RCTV.
Pensar que
todos estos Centros de Prensa, Información, Organizaciones, Canales de
Televisión y hasta Presidentes de diferentes países están errados cuando hablan
de que en Venezuela no hay libertad de Prensa y Existe un estado de Censura
Informativa, es cooperar de manera directa con los intereses del estado Venezolano.
La Censura no es la Manera de darle poder al Pueblo, es la forma libre que
tiene poder para Vetar y decidir qué es lo que se debe escuchar y ver a través
de los Medios Informativos que hacen Vida en la Nación.
Stepehen Hawking expreso, “La estirpe humana no es más que un
sustrato químico en un planeta pequeño, orbitando alrededor de una estrella
mediana, en los suburbios de una galaxia del centenar de miles de millones que
existen"; Mas tarde que temprano el Sol saldrá por el Horizonte y la Libre
Prensa será para todos los sectores de Nuestro Pais. La conciencia Humana debe
Levantarse y continuar un camino de crecimiento y no de atraso para nuestra
tierra que es una de las cunas de información.
Todos los Venezolanos Tienen por
Naturaleza un derecho constitucional y libre a expresar su sentido de vida, la
voz de cada uno puede alzarse para clamar por sus necesidades; Ser Venezolano
nos da deberes que cumplir y derechos que exigir, siendo un secreto a voces a
nivel mundial que no se está ejerciendo este compromiso como debe ser. “La
Verdad, os hará libres” Pero en Venezuela se debe primero revisar que verdad es
la que se está escuchando.
Se vive actualmente en un verdadero
estado de Censura Comunicacional condenado por los Jefes de Gobierno, quienes
por su vieja aspiración de darle el poder al pueblo, están repartiendo la
verdad a medias y sirviendo la información parcializadamente.
Las leyes Venezolanas son para
cumplirlas y respetarlas pero va contra la constitución romper los artículos
planteados en la misma, beneficiando a un sector de Venezuela y creando una
división y polarización en grandes bloques altamente parciales en diferentes
tendencias políticas e ideológicas.
Si cada venezolano no coloca de su
parte para evitar la mordaza, la nación estará destinada a volverse una isla
rodeada por agua sin comunicación alguna. Es el aquí y el Ahora, la verdadera
patria debe levantarse y exigir el respeto a sus derechos constitucionales de
libre expresión.
“La Censura no detendrá un país, al
contario, llamara a la reflexión para poder crear la verdadera conciencia
ciudadana” Luis Miguel Sandoval
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