¿Canales Cerrados por Concesión o Acoso Mediatico?

El caso Globovision es la secuela y continuación del Drama llamado Radio Caracas Televisión (RCTV) que inicio con la decisión de no renovar la concesión al canal 2 por promover el golpe de estado que sacudió brevemente a Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez en el año 2002. Marcando de esta manera la Salida del aire de más de 53 años de trayectoria el 27 de mayo del año 2007 y teniendo que ceder sus equipos de alta tecnología al naciente canal del gobierno Teves.

Ni el presidente de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, ni ninguno de los tres mil empleados del canal soltaron una lágrima ese 27 mayo ante las cámaras; por el contrario, esperaron hasta el último minuto de la medianoche el milagro de que el presidente de Venezuela para ese entonces, Hugo Chávez, rectificara la medida de cierre de la cadena. En el último día de transmisión por señal abierta, después de 53 años de operaciones ininterrumpidas, Granier invocó a todos los santos para que se produjera el milagro pues se había enterado de que el Gobierno renovó ayer la concesión a dos cadenas privadas (Venevisión, del Grupo Cisneros, y Televen, de Omar Camero), con lo cual podría ocurrir otro tanto con su canal.
Sin embargo, Chávez volvió a ratificar su decisión de no renovar la licencia a RCTV en la cadena de radio y televisión de seis horas que transmitió ese mismo día en horas de la tarde. Y es que el mandatario obliga a todos los medios a ponerse en cadena con su emisión cuando se le antoja, ya que su programa dominical «Aló Presidente» apenas tiene una audiencia de un 6 por ciento, mientras RCTV tenía un seguimiento del 47 por ciento, según la encuestadora Hinterlace.

En su programa «La Entrevista», el periodista Miguel Ángel Rodríguez calificó de «asalto a mano armada, arbitraria e ilegal» la orden del Tribunal Supremo de que los militares tomen los equipos, antenas y torres repetidoras, como en efecto hicieron desde una semana antes, para que fueran utilizados por el nuevo canal creado por el Gobierno, Televisora Venezolana Social (TVES).

Una de las productoras del canal, Carolina Guidón, dijo que con el cierre “vamos hacia un silencio muy peligroso porque el Gobierno no quiere que mostremos realidades como las denuncias de corrupción, la basura en las calles, la pobreza y la falta de viviendas”

Los manifestantes se concentraron en las puertas del canal para expresar su apoyo, sin importar que los afectos a Chávez le intimidasen con armas de fuego. Permanecieron en vigilia esos días hasta que el Ejecutivo renovase la licencia. Por la tarde hubo otra marcha en el centro de Caracas y toda la noche caceroladas y «sirenazos» de Carros.

Un sexagenario fanático de RCTV dijo en la vigilia que «no podía aceptar el cierre de su canal» y advirtió al Gobierno, citando un versículo del libro de Isaías de la Biblia, que «Chávez pactó con Castro para entregarle el país al diablo».

El Gobierno siempre denunció de que se “quiso crear una crisis institucional, con campañas informativas perversas” respecto a la salud del Presidente. Lejos de admitir alguna crítica, el 26 de febrero el vicepresidente dijo que en el país “hay libertad de expresión y que se respeta la diversidad de opiniones”.

          Con relación a otros hechos, a finales de 2012, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) condenó de manera enérgica la presión que está ejerciendo el Estado hacia medios de comunicación que tienden al cierre de programas de opinión, retiro de periodistas que cubren dichos espacios y le exigen una “adecuación de tono” de su línea editorial. El CNP lamentó además que dueños de medios cedan ante las presiones orientadas a silenciar las voces disidentes.

         De igual manera el Bloque de Prensa Venezolano le exigió al gobierno eliminar las restricciones para la compra de papel periódico. “Se cambiaron las condiciones para su importación, obligando a los medios a solicitar un certificado de no producción nacional para poder acceder a las divisas de Cadivi, pero dicho certificado del Ministerio de Industria y Comercio, tarda meses en llegar, acogotando así a los periódicos pequeños de provincia”.

        Ante la cruda realidad presentada, los diarios del interior se quedan sin papel ni tinta dificultando así su circulación diaria. El presidente del diario El Impulso del estado Lara, Carlos Eduardo Carmona, dijo que “los inventarios de papel, tinta, planchas y otros insumos esenciales para la impresión siguen mermando y la respuesta oficial no llega”

        Esta situación también obligó al diario La Verdad de Maracaibo el 22 de octubre a aplicar severas medidas de racionamiento para economizar el papel y extender sus reservas. Tal medida concluyó en la “fusión” temporal de dos de sus cuerpos, mermando la amplitud informativa.

        También en agosto pasado el Gobierno publicó un decreto en la Gaceta Oficial número 39.980, que excluye el papel periódico de la lista de insumos de primera necesidad, dejando a un lado la prioridad en el otorgamiento de divisas de Cadivi.

        En cuanto a acoso, amenazas y discriminación en las fuentes, se hace más difícil el acceso a la información pública, se mantienen las restricciones a los periodistas de medios independientes a las oficinas gubernamentales y eventos oficiales, de igual forma continua la impunidad en los casos de agresiones a periodistas. De cada ocho casos denunciados; siete han sido declarados inadmisibles.

        El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz, aseguró que las violaciones a la libertad de expresión durante el 2012 aumentaron en 37 por ciento y que en el 58 por ciento de los casos reportados involucran a funcionarios públicos.

         La sede del CNP del estado Miranda fue incendiada por desconocidos el 30 de noviembre, también fue asaltada la sede del diario El Carabobeño en Caracas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia impuso multa a los diarios El Progreso y El Luchador del estado Bolívar, por publicar fotos de asesinatos y accidentes.

        Desconocidos destrozaron la estación de enlace de microondas de TV Guayana. Además se impusieron procesos sancionatorios a la televisora La Tele y las radios FM 91.9 y 96.9, por no “pegarse” a cadena donde informaban sobre la salud del Presidente.

        A todo este panorama sombrío se une el asedio a Globovisión con bandas motorizadas y se le impuso un nuevo Procedimiento Administrativo Sancionatorio por difundir cuatro micros sobre el articulado de la Constitución.

        A fines de febrero de este año el gobierno Nacional realizó el lanzamiento de la Televisión Digital Abierta en alocución por cadena nacional de radio y televisión. Globovisión mientras tanto acusó al gobierno de “discriminación”, al no contemplarlo entre los canales y ser considerado solo un análogo. Globovisión opinó que se trata de su “sentencia de muerte”.

         Días después, el diputado Miguel Ángel Rodríguez advirtió que es obligatorio denunciar esta decisión como un paso en la estrategia de coartar la difusión de informaciones y opiniones críticas al gobierno nacional y agrego: “Con la Ley de Comunicación Popular, se avecina el fin de la libertad de información”.

        Aún permanece cerrada RCTV, 32 estaciones de radio y dos de televisión; y se persigue judicialmente a periodistas y dueños de medios obligándolos a permanecer en el exilio, entre ellos el editor de la revista Zeta y el diario El Nuevo País Rafael Poleo y su hija Patricia Poleo, y al presidente de Globovision, Guillermo Zuloaga. Sobre El Nacional permanece la prohibición impuesta en el 2010 por la publicación de fotos relacionadas con violencia.

        “El espacio que actualmente tiene la libertad de expresión en Venezuela es el más pleno que ha tenido en toda la historia del país, por lo que como movimientos de periodistas era nuestra obligación expresar esta posición frente a los empresarios de la comunicación, reunidos en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)”, el señalamiento lo hizo la integrante del Movimiento Periodismo Necesario Esther Quíaro, al declarar a La Noticia de Venezolana de Televisión (VTV).

        La SIP, organismo integrado por los dueños de las grandes empresas de comunicación de América, durante su reunión en Aruba efectuada la semana pasada, condenó las supuestas acciones del Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías contra la libertad de expresión y en favor de la supuesta eliminación de medios de comunicación en Venezuela.

         Esther Quíaro dejó claro que las posiciones tomadas por esta sociedad tienen que ver con los intereses económicos y políticos de estos empresarios de la comunicación, “por lo que no van a coincidir con el Gobierno del presidente Chávez, ni con los otros Gobiernos progresistas que hay en América Latina”.

            Manifestó que bajo el manto de las supuestas violaciones a la libertad de expresión, la SIP pretende atacar a los gobiernos progresistas del continente.

          Al referirse al debate y la solicitud de una investigación penal que se abrió en la Asamblea Nacional (AN), en rechazo a las declaraciones del empresario del canal de televisión de derecha Globovisión, Guillermo Zuloaga, Quiaro refirió que los movimientos Periodismo Necesario y Periodistas por la Verdad apoyan tal petición.

         “Creemos que nosotros, como periodistas, debemos ser responsables de lo que decimos y todo el que haga una declaración pública por cualquier medio de comunicación debe ser responsable por lo que declara”, sostuvo.

         La Asamblea Nacional solicitó al Ministerio Público abrir una investigación penal en contra de Zuloaga, tras las declaraciones que ofreció en la reunión de la SIP.

         El parlamento venezolano rechazó estas declaraciones de Guillermo Zuloaga ante la SIP, por considerar que realizó falsos y graves señalamientos en contra del jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, con la intención de criminalizar y dañar la imagen del Gobierno.

Zuloaga dijo en Aruba: “No se puede hablar de libertad de expresión en un país cuando el Gobierno usa la fuerza para cerrar medios (...) El Presidente Chávez ganó unas elecciones y cuenta con legitimidad de origen, pero se ha dedicado a ser el Presidente de un grupo de venezolanos y trata de dividir a los ciudadanos”.

        Asimismo, Esther Quíaro sostuvo que de allí el argumento que presentaron acerca de participaron en la organización y ejecución del golpe de Estado contra el presidente Chávez Frías el 11 de abril de 2002.

            “Por tales motivos consignamos los resultados de la investigación que realizó la Fundación Juan Vives Suriá, junto con la Defensoría del Pueblo, que tiene su expresión en un libro denominado Los documentos del golpe”, dijo. El integrante del movimiento Periodistas por la Verdad José Gregorio Nieves, en esta misma entrega, ratificó que apoyan la solicitud del parlamento antes referida.

         Sobre las declaraciones ofensivas del coeditor del diario colombiano El Tiempo y ex presidente de la SIP, Enrique Santos, quien llamó a los periodistas venezolanos palangristas, cotorras, asalariados y señaló que le daba vergüenza el periodismo venezolano y su pueblo por tener a un presidente como Hugo Chávez, José Gregorio Nieves informó que Periodistas por la Verdad, como organización no gubernamental (ONG), acudirá a la embajada de Colombia.

            “Para que desde allí se nos abra el camino para llegar a la Fiscalía General de Colombia y pedirle responsabilidad a Santos por lo dicho”, expresó.

          Igualmente, señaló: “Santos no tiene ninguna moral para decir cuál es la libertad de expresión que se maneja en Colombia en relación con la libertad de expresión que se maneja en Venezuela, cuando en la nación colombiana siguen enterrando periodistas, casi a diario, mientras que en el Estado venezolano se abren cada vez más micrófonos para que los venezolanos, además de recibir, busquen la información que requieran en esta libertad de expresión que está garantizada por la Constitución nacional, en sus artículos 57 y 58, que aparte exige a los venezolanos la responsabilidad sobre lo que dicen o sobre lo que escriban'.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela alertó “Sobre el vertiginoso aumento de los procedimientos judiciales y las medidas de censura que afectan las libertades informativas y de opinión en el país”. Así lo expresó Marianela Balbi, directora ejecutiva de esta organización no gubernamental de DDHH, en la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información pública en Venezuela, en el marco del 149° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

         Balbi describió que en el país persiste un desproporcionado uso abusivo del poder del Estado para criminalizar la labor de los periodistas, los medios privados e independientes, así como a activistas de derechos humanos y reporteros ciudadanos.

“Del 1 enero al 10 octubre de 2013, Ipys Venezuela ha reportado 30 casos de censura por parte de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, instancias que han emprendido medidas que prohíben la difusión de información sobre temas de interés para los ciudadanos. Esta cifra evidencia un incremento en la aplicación de controles sistemáticos por parte del Estado venezolano, al compararse con el mismo período del año 2012, cuando se reportaron 7 casos de censura por parte de las instancias del poder público venezolano”, documentó Ipys Venezuela.

           La directora ejecutiva de Ipys Venezuela expresó que preocupa el aumento de procesos judiciales que se han iniciado contra periodistas, directivos de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, si se comparan los datos entre enero y octubre de 2012 y 2013. “En el año en curso Ipys Venezuela ha reportado 20 acciones legales, mientras que en 2012 se registraron 4 incidentes de este tipo. Mediante estos hechos se ha buscado presionar y criminalizar a los periodistas y medios de comunicación que han difundido información sobre la corrupción en la gestión pública; la situación de inseguridad ciudadana y la conflictividad sociopolítica, las presuntas arbitrariedades en el contexto electoral, y las irregularidades de abastecimientos de bienes y servicios básicos”.

El Estado venezolano persiste en la aplicación de mecanismos legales para restringir el trabajo de los periodistas y los medios privados e independientes, mediante acciones judiciales y órdenes de altos funcionarios de los poderes públicos, principalmente, de acuerdo a la información presentada por Ipys Venezuela. “En algunos casos, se ha pedido cárcel y el castigo más severo para los representantes de los medios”, como fue la denuncia presentada contra el Diario 2001, indicó Balbi.

        “Las denuncias formuladas por diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de la Fiscalía General de la República, de manera que muestran una posible articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general”.

Ipys Venezuela ha documentado diversas medidas legales y acciones de censura que han afectado a los diarios el Correo del Caroní, en el estado Bolívar; y el diario La Mañana, en el estado Falcón; El Nacional y Tal Cual, en Caracas. Han sido señalados por la vía penal varios periodistas entre ellos Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, en Mérida; Leonardo León, locutor de ULA FM 107.7 y corresponsal del diario El Nacional; Nelson Bocaranda, locutor del Circuito Unión Radio y director del portal Run.run.es; Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional; Leocenis García, presidente del semanario 6to Poder; y Francisco “Pancho” Pérez, columnista de El Carabobeño. De igual manera, fueron citados por tribunales, en calidad de testigo, Luz Mely Reyes; directora del Diario 2001; Omar Luis; subdirector y el jefe de información del mismo periódico Juan Ernesto Páez Pumar.

En la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, también, estuvieron representantes del Centro de Derechos Humanos de la universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), y Espacio Público. Este grupo denunció las restricciones al acceso a la información pública con la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Provea describió que solo 3 ministerios han publicado sus Memoria y Cuenta, mientras que el CDH-UCAB se refirió a las limitaciones para los derechos de palabras de algunos parlamentarios en la Asamblea Nacional.

De acuerdo a los datos de IPYS Venezuela, del 1º de enero al 10 de octubre de 2013, se reportaron 228 casos en los que se ha vulnerado los principios de la libre expresión en información. Esta cifra supera el número total de casos de 2012, cuando se contabilizaron 200 incidentes. Además, alcanza los índices más restrictivos en los últimos 11 años.

Las organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CIDH exhortar al Estado Venezolano a garantizar las medidas necesarias para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, sin que la emisión de opiniones comporte ningún tipo de riesgo, amenazas ni presiones contra los periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos en general. Solicitaron a los representantes del Estado cesar con la campaña y las acciones de criminalización y de censura que limitan las libertades informativas en el país, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.

La Censura Comunicacional es el peor de los males de esta humanidad